La suspensión definitiva ordena detener movimientos de tierra en 12 mil 830 m² del proyecto Legado.

Por Omar García/ udgtv.com 11 septiembre, 2026

Los vecinos de Mirador de San Isidro obtuvieron una nueva resolución favorable en la batalla jurídica contra el proyecto habitacional Legado.

El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa concedió la suspensión definitiva, con lo que el Gobierno de Jalisco y las demás autoridades involucradas deberán mantener detenidos los trabajos en el predio mientras continúa el juicio de amparo.

Juzgado concede suspensión definitiva para proyecto Legado en Jalisco

La resolución fue dictada por la jueza Diana Judith Ortiz Salas dentro del incidente de suspensión 1517/2026, cuya audiencia se celebró el 10 de septiembre.

El amparo fue promovido por cinco habitantes de Mirador de San Isidro contra una cadena de actos del Gobierno estatal, el Congreso de Jalisco, el IJALVI, el SIAPA y autoridades municipales de Zapopan.

La suspensión definitiva ordena que las cosas permanezcan en el estado material en que se encuentran.

En concreto, las autoridades deberán abstenerse de ejecutar, ordenar, autorizar, permitir o consentir nuevos movimientos de tierra, remoción de capa vegetal, excavaciones o alteraciones topográficas en los 12 mil 830 metros cuadrados donde se pretende desarrollar Legado. También deberán verificar en el sitio el cese total de los trabajos.

La medida no significa que los vecinos hayan ganado todavía el juicio de amparo en el fondo, pero sí prolonga la protección judicial que habían obtenido provisionalmente en agosto. De hecho, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito ya había confirmado aquella primera suspensión al resolver dos recursos de queja.

Reconocimiento judicial de posibles afectaciones a vecinos y medio ambiente

Uno de los puntos relevantes de la nueva resolución es la valoración que hace el juzgado sobre el interés de los habitantes para reclamar el proyecto. La jueza consideró acreditado de manera indiciaria que el predio donde se pretende construir Legado colinda con los domicilios de los quejosos.

También tomó en cuenta que el terreno originalmente formaba parte de un área de donación estatal destinada a infraestructura, servicios y equipamiento para la colectividad, condición que fue modificada mediante el decreto 30191/LXIV/26 para permitir el proyecto habitacional. El juzgado estimó que esa transformación implica una posible afectación a los vecinos.

La resolución además señala que las posibles afectaciones medioambientales e hídricas relacionadas con Legado constituyen un asunto de orden público e interés social superior.

El proyecto contempla 10 torres de cinco niveles y 200 viviendas, destinadas principalmente a policías estatales y sus familias. El conflicto comenzó después de que el Congreso de Jalisco autorizó la desincorporación y donación del terreno al Instituto Jalisciense de la Vivienda.

  • El fondo del juicio sigue pendiente. Ahí deberá determinarse si los actos que permitieron desarrollar Legado, entre ellos la desincorporación del terreno, su donación al IJALVI, las autorizaciones urbanísticas y la licencia de movimiento de tierras, vulneraron los derechos reclamados por los habitantes.