By Mario Marlo/ zonadocs.mx 11 agosto, 2026
Organizaciones del movimiento por el agua y víctimas de despojo inmobiliario del área metropolitana visitaron el campamento vecinal y realizaron el 9º Taller de Monitores Vecinales de Calidad del Agua.
Texto y fotografías: Mario Marlo / @Mariomarlo
Zapopan, Jalisco. 10 de agosto de 2026.- Colectivos, defensoras del agua y víctimas de despojo inmobiliario de Guadalajara y su zona metropolitana se reunieron el domingo 9 de agosto en el campamento del Mirador de San Isidro, en la zona norte de Zapopan, para respaldar la defensa vecinal que desde hace poco más de dos semanas impide la construcción de diez torres con al menos 200 departamentos que el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) proyecta sobre un predio que la comunidad había destinado durante años a áreas verdes.
El encuentro tuvo un doble propósito: hermanar luchas territoriales del área metropolitana y realizar el 9º Taller de Monitores Vecinales de Calidad del Agua, impartido en el mismo espacio de resistencia por integrantes de las campañas ciudadanas El Siapa Corrupto y “El Siapa que Queremos: agua para la vida y no para el negocio”. La primera documenta irregularidades del organismo operador de agua; la segunda se opone a la privatización del recurso y defiende su gestión pública y comunitaria.
“Su lucha es nuestra lucha”
La voz de las organizaciones invitadas insistió en un mensaje: la defensa del predio es también una defensa del agua. “Su lucha es una lucha por su territorio, es una lucha por el agua, es una lucha por la justicia, es una lucha por los derechos humanos”, planteó María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), organización con más de 60 años de trabajo en Jalisco que acompañó las luchas contra las presas de Arcediano y El Zapotillo.
González explicó a las y los vecinos que el terreno en disputa cumple una función hídrica: “Aquí es un vaso regulador que absorbe el agua y va a los mantos freáticos. Esa agua después la sacan y es la que consumimos”, señaló, en coincidencia con el argumento central de la comunidad. La defensora advirtió que estos procesos son prolongados —recordó que la lucha contra la presa de El Zapotillo duró 16 años antes de que los pueblos ganaran— y llamó a sostener la unidad: “Estos procesos de la lucha social son muy largos. Eso no es para que ustedes se desanimen, pero es para que vean”la dimensión de lo que enfrentan.
Al taller acudieron representantes de distintos puntos del área metropolitana. José de Jesús Casillas, de la Asociación Vecinal Arcos de Guadalupe, en Zapopan, relató una disputa por áreas verdes que su colonia sostiene desde 1986 y denunció lo que llamó un “cártel inmobiliario” solapado por gobiernos de distintos partidos: “A nosotros nos quieren quitar la mitad del parque que nos quedó, nos quieren quitar el terreno de la escuela. Yo estoy demandado por defender esas áreas”, dijo.
Saúl Villafuerte, del colectivo Foco Tonal, de Santa Cruz de las Huertas, en Tonalá, sumó una lucha por manantiales y ríos que ubicó desde 1947: “No vamos a dejar que otras personas intenten quitarnos lo que nos pertenece”, afirmó.
Desde la colonia Morelos, en el sur de Guadalajara, la antropóloga María Gracia Castillo vinculó la contaminación del agua con daños a la salud documentados en la ribera del río Santiago y en el lago de Chapala. “Cuando se atenta contra la vida de una población, eso se llama genocidio”, declaró, al describir lo que definió como “un envenenamiento lento y sistemático”por la descarga de desechos industriales en la cuenca Lerma-Chapala-Santiago.
Guadalupe Sarabia: siete años sin recuperar su casa
Entre las voces solidarias estuvo la de Guadalupe Sarabia, quien enfrenta un proceso de despojo desde 2018, cuando —según su testimonio— la construcción de un desarrollo del Grupo Arabel, junto a su vivienda en la colonia Americana, en Guadalajara, dañó pisos, paredes y muros al grado de obligarla a abandonar la casa. Sarabia relató que la desarrolladora se comprometió mediante un convenio ante Justicia Municipal a pagar la renta y los ingresos que ella y su hijo percibían del inmueble, y que dejó de hacerlo cuando le exigieron regresar a una casa que, aseguró, seguía inhabitable.
“Siete años sin poder recuperar mi casa”, dijo. Sarabia sostuvo que un juez ordenó el pago de una deuda que cifró en tres millones y medio de pesos, pero que una de las inversionistas del proyecto interpuso un amparo y una suspensión que la regresaron, según sus palabras, “al principio, pero más fuerte”. Su mensaje a la comunidad fue de resistencia: “No cedan ante eso, exijan, pidan (…) La lucha dignifica”.
El plantón y el desalojo
La defensa del Mirador de San Isidro surgió luego de que, el 20 de julio, una cuadrilla sin identificación repartiera casa por casa un folleto que anunciaba el desarrollo habitacional Legado —parte del programa Legado Jalisco, con el que el gobierno estatal ofrece vivienda a policías—. La comunidad instaló un campamento permanente que fue desalojado por la fuerza la madrugada del 30 de julio, en un operativo que, según el acompañamiento legal, movilizó a más de un centenar de elementos.
El abogado Cristian Manuel Gudiño, designado por el grupo vecinal para coordinar la defensa jurídica, describió una asimetría de fuerzas: “Los vecinos que representamos son personas comunes que se están enfrentando a personas que tienen acceso a mecanismos altos de violencia”. Gudiño hizo “un llamado responsable a las fuerzas políticas a no difundir mensajes que etiqueten a los vecinos y que los pongan en riesgo”, en referencia a los señalamientos que atribuyen a la protesta una filiación partidista.
También denunció que representantes gubernamentales habrían citado a vecinos “en lo oscurito”, en cuadras alejadas del campamento: “Eso no lo vamos a permitir. Tienen que venir a dialogar a la mesa de diálogo que está instalada en el campamento”. El abogado precisó que hasta ese momento no había habido una visita oficial de ninguna autoridad estatal o municipal, y anunció la presentación de recursos legales para suspender las obras.
Reunión sin acuerdos con el Ijalvi
El lunes 10 de agosto, siete vecinos acudieron a las oficinas del Ijalvi para plantear sus dudas sobre el proyecto. Sin oficio ni citatorio formal. Los vecinos se congregaron a las nueve de la mañana en el Parque Rojo, caminaron a la dependencia y esperaron cerca de una hora al director, Luis Guillermo Medrano Barba. El encuentro comenzó pasadas las 11:40 horas y terminó sin acuerdos ni nueva fecha de diálogo.
Los habitantes plantearon sus preocupaciones centrales —abasto de agua, transporte, vialidad, servicios básicos y riesgo de inundaciones— y cuestionaron que las autoridades afirmaran contar con estudios técnicos de densidad, impacto y viabilidad sin presentarlos durante la reunión.
De acuerdo con el testimonio vecinal, los funcionarios desestimaron escrituras de hace tres décadas que destinaban el predio a una escuela o área verde, bajo el argumento de que el terreno es propiedad estatal, y respondieron a la preocupación por el colapso vial sugiriendo a los afectados “usar el transporte público”, comentario que la comunidad calificó como una burla.
Los vecinos atribuyen a Medrano Barba la frase de que “les está haciendo un favor” porque el predio permitiría hasta 600 departamentos; esa versión corresponde al testimonio de los colonos y no ha sido confirmada oficialmente por la dependencia.
Los habitantes también denunciaron que el personal del Ijalvi les prohibió grabar la sesión mientras ellos sí registraban a los vecinos, y que los calificaron de comunidad “problemática y agresiva” sin mostrar pruebas.
El personal del Ayuntamiento de Zapopan presente guardó silencio durante toda la discusión. Mientras se desarrollaba la reunión, quienes permanecieron en el campamento denunciaron en redes sociales la llegada de dos camiones con material al predio. Las autoridades, según los vecinos, han sostenido que no tuvieron responsabilidad en el operativo de desalojo.
Ante la falta de acuerdos, la comunidad anunció que prepara un amparo colectivo, para el cual ya recaba firmas, y advirtió que no dará marcha atrás: “Seguiremos escalando a instancias más arriba hasta donde podamos llegar, porque esto no se tiene que quedar así. Alguien nos tiene que escuchar”, afirmaron.
