Por Elizabeth Rivera Avelar / lider919.com -18/08/2021 Share

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió medidas cautelares por el nuevo basurero metropolitano de Caabsa, que se pretende instalar en el municipio de Tala. El titular de ese organismo, Alfonso Hernández Barrón indicó que se pide al presidente municipal, Enrique Buenrostro Ahued, que integre una mesa de diálogo con los pobladores aledaños, para que les informen del proyecto y escuchen las inconformidades.

«Donde se recaben sus inconformidades, se les exponga el proyecto y se garantice su participación en este tema, lo anterior de conformidad con el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como ‘Acuerdo de Escazú’, recordemos que entró en vigor hace apenas unas semanas, el 22 de abril», declaró.

Alfonso Hernández subrayó que el Acuerdo de Escazú que suscribió el gobierno mexicano, obliga a la a la actuación responsable de las autoridades y también conlleva un amplio marco jurídico, en favor de los derechos ambientales de segunda generación.

Añadió que también se le pidió al presidente municipal que en caso de que se realicen manifestaciones contra el proyecto de vertedero, se garantice el derecho a la libre reunión, asociación y manifestación.

«Se garantice por parte del municipio un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos, organizaciones, que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales, pueden actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad», manifestó.

El titular de la CEDHJ informó que en el acta de investigación 368/2021, también se dictaron medidas cautelares al responsable de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado (SEMADET), Sergio Graf Montero.

«Se le solicitó que se pronuncie por parte de esa dependencia, exponiendo la situación que impera en la construcción del nuevo relleno sanitario metropolitano, ubicado en el municipio de Tala, en donde se exhiba si el mismo tiene relación con el cierre y el trámite correspondiente en torno a la manifestación de impacto ambiental y los lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-083-Semarnat-2003, sobre las especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias, de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial», expuso.

Añadió que también solicitan que se giren instrucciones para que se revise la legalidad del trámite que debe emitir la SEMADET, para la selección del sitio, diseño, construcción y operación del vertedero; en caso de no existir las autorizaciones necesarias, en coordinación con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA), se realice una inspección al sitio donde se pretenda ubicar el relleno sanitario y proceda conforme a derecho.

«Que se revise la legalidad de la consistencia formal de los permisos municipales, tanto del uso de suelo en congruencia con los planes parciales de desarrollo y con los ordenamientos ecológicos del territorio; asimismo, se verifique la congruencia que puede existir con el sitio del predio y las unidades de gestión ambiental, sus criterios y sus estrategias», abundó.

Asimismo, solicitan medidas cautelares a la PROEPA para que en el caso de acreditarse ilegalidades en la construcción y operación del presunto relleno, ejerza sus facultades para la instauración de los procedimientos administrativos e imposición de sanciones por violaciones a la normatividad ambiental. También giraron medidas cautelares a la Procuraduría de Desarrollo Urbano del Estado de Jalisco (PRODEUR), para que acuda a inspeccionar el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables y ejerza sus atribuciones, de orientar y defender a la ciudadanía.

Elizabeth Rivera Avelar