A más de 250 años de que empezara la defensa de su territorio ancestral, esta comunidad del norte de Jalisco sigue enfrentando amenazas, despojos y discriminación tanto por parte de ejidatarios locales –con quienes sostienen una disputa agraria–, como por autoridades de diferentes órdenes que no reconocen sus títulos virreinales

En noviembre de 2025, el asesinato de Marcos Aguilar Rojas, líder de la comunidad autónoma de San Lorenzo Azqueltán, agudizó un conflicto agrario que desde 2015 ha dejado una estela de agresiones, desapariciones y discriminación en esta localidad del municipio de Villa Guerrero, en el Norte de Jalisco.

La disputa por 39 mil hectáreas de tierras sagradas, ricas en recursos naturales y minerales, provocó además una amenaza generalizada a la comunidad. Ante esto, la Red por los derechos de todas, todos y todes (Red TDT) emprendió la tercera Misión civil de observación en este territorio autónomo que resiste a 250 kilómetros de Guadalajara.

Como en las dos misiones anteriores, las historias de despojo y desprecio político se repiten en las denuncias sobre la larga lucha. Esta última etapa inició en 1973, cuando la Asamblea comunitaria en San Lorenzo acordó que los wixaritari habitaran y compartieran las localidades tepehuanas de Azqueltán.

Es esta alianza histórica entre pueblos indígenas la que reprueban los ejidatarios y posesionarios locales; sin embargo, en 2011, tras una revisión en el Registro agrario nacional, la Asociación jalisciense de apoyo a grupos indígenas (Ajagi), no encontró registro legal de las mil 100 hectáreas que reclama el ejido de San Lorenzo Azqueltán, hallazgo que motivó la batalla legal para la posesión de las tierras y que derivó en 2013 en la declaratoria como comunidad autónoma.

Además de la controversia, el conflicto cultural que se vive en la zona quedó evidenciado durante la jornada Diálogos urgentes sobre territorio, derechos indígenas y resistencia cultural, cuando, entre otras declaraciones, un ejidatario reclamó abiertamente:

“Nosotros estamos dispuestos a unirnos, pero sin un wixárika, porque los wixárika son los que nos están invadiendo”.

Ante esta situación de discriminación, los comuneros defienden sus linderos con documentos en mano. Hoy buscan que el Tribunal superior agrario emita un fallo definitivo tras el cierre del Tribunal agrario 16, al tiempo que exigen la intervención urgente del gobierno jalisciense.

El conflicto, un síntoma de la enfermedad

El asesor técnico de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán, Christian Chávez González, de Ajagi, atribuye la prolongada resistencia de la comunidad al resguardo de un documento entregado por la Corona española.

“En el título de piel se lee, de tal punto a tal punto, de tal cerro a tal cerro y que, en trabajos topográficos, es el procedimiento de la restitución de 94 mil hectáreas: casi todo el municipio de Villa Guerrero, una parte de Bolaños y de MezquitIc, y una parte de Monte Escobedo, Zacatecas”, explicó.

Se trata de un título virreinal que data de 1733 que ampara a la comunidad para la posesión de 94 mil hectáreas. Si se dimensiona a escala, se trata de una superficie mayor a la del municipio de Zapopan (que cuenta con unas 89 mil hectáreas).

Es una región que comprende cañones, bosques, reservas de agua, planicies aptas para el pastoreo y montañas con minerales como oro y plata; además, el Servicio geológico mexicano hizo una prospección de litio en 2022, esto, también, sin permiso de la comunidad.

Aunque el título histórico acredita esta superficie, el juicio agrario reclama solamente una superficie de 39 mil hectáreas, que equivale prácticamente a unir la extensión de los municipios de Guadalajara, Tonalá y El Salto.

En términos locales, el territorio wixárika-tepehuano abarcaría los actuales municipios de Villa Guerrero y una fracción de Bolaños; pero esto significa más que tierra, límites y conflictos.

“Aunque estén las cabeceras municipales o tituladas en comunidades vecinas, ellos piensan que el título no sólo es un papel, sino una representación de la madre tierra, en cada esquina hacen ceremonias y sacrifican animales, es una reconstrucción territorial muy profunda”, dijo Chávez González.

Por ello, la muerte de Marcos Aguilar Rojas es el resultado del choque de dos visiones: la de la propiedad colectiva y comunal contra la propiedad privada y mercantilizable. Hay intereses sobre la tierra que buscan el control a través de poderes económicos y regionales, y esto adquiere tintes violentos.

“La muerte de Marcos es el síntoma de una enfermedad, la comunidad le llama así, y lo vienen denunciando desde hace tiempo”, subrayó Chávez González.

La violencia

El 26 de noviembre de 2025 Marcos Aguilar Rojas, su hermano Gabriel y el comisariado Fernando Benjamín Aguilar Bañuelos, custodiaban el predio El Caracol que está en disputa con los ejidatarios. En el pueblo se escucharon las detonaciones. Acudieron en auxilio: Marcos ya estaba sin vida y Gabriel, herido de gravedad. Los testigos señalaron a cinco atacantes, sólo uno quedó detenido.

El Congreso nacional indígena (CNI) informó que el asesinato fue la consecuencia lógica de décadas de agresiones armadas, invasiones agrarias, amenazas de muerte y hostigamiento a las autoridades tradicionales y comunales de Azqueltán.

El CNI consideró que el homicidio no fue improvisado, sino planeado, acordado y ejecutado “por caciques y sus grupos de pistoleros, amparados por la omisión, el silencio o la participación directa de autoridades municipales, estatales, operadores judiciales y agentes ministeriales”.

El comisariado de la comunidad de San Lorenzo Azqueltán, Fernando Benjamín Aguilar Bañuelos, narró el avance de las agresiones. “Hasta antes de la pérdida de nuestro compañero, los cobros fueron escalando. Pero en 2018 levantaron a otros compañeros, unos de ellos fue mi papá, Noé Valentín Rojas y también a Catarino Aguilar Márquez. Los levantaron, pero volvieron bien”.

La impunidad es la constante en todas las agresiones; sólo hay una persona detenida del grupo identificado en el ataque. Después de la muerte de Marcos, de acuerdo con Chávez González, los ejidatarios lanzaron amenazas públicas para acabar con todos los comuneros.

“A ese grado ha llegado la confrontación”, advierte Chávez González. “Las amenazas y el temor en la comunidad generan un impacto psicosocial sumamente importante. Pero, al mismo tiempo, la comunidad ha decidido resistir. Ellos lo dicen claro, ‘Todo esto que nos pasa no es cualquier cosa, y vamos a seguir luchando’”.

Juntos contra el desprecio

La alianza tejida entre tepehuanos y wixaritari en la década de 1970 intensificó la contraofensiva de los intereses locales. La respuesta al pacto comunitario fue una oleada de invasiones agrarias, expansión ganadera irregular y venta ilegal de terrenos, acompañada de amenazas, desapariciones y violencia física contra los comuneros.

Ante el asedio y el laberinto burocrático, los indígenas tomaron una decisión radical: nombrarse comunidad autónoma para determinar su propia forma de gobierno y decidir colectivamente sobre el destino de la tierra compartida. Sin embargo, la autonomía no les exime de interactuar con la burocracia. Para acceder a programas sociales, fondos federales u obra pública básica para la población, la comunidad aún debe sortear los requisitos del estado, enfrentando un escenario disparejo.

Durante la jornada de la Misión civil de observación, el subsecretario de Derechos humanos de Jalisco, Alberto Bayardo, reconoció que durante décadas el propio estado invisibilizó a los tepehuanos al negarles el estatus de pueblo originario y catalogarlos por error como “migrantes”, lo que bloqueó su acceso a derechos fundamentales como pueblo originario. El funcionario contrastó este olvido con los peritajes recientes. “Los antropólogos comentan que la presencia de este grupo tiene, por lo menos, desde el año 1200, es decir, más de 700 años en la región”.

Los avances de la investigación aportan evidencia histórica sobre la tradición de la convivencia, que contradicen el discurso de los ejidatarios del supuesto oportunismo de los wixaritari. Al atestiguar los hallazgos de la tercera Misión civil de observación, el funcionario reconoció que, gracias a la acción civil de la Red TDT, pudieron acudir e intervenir en la localidad.

“El tema de la participación ciudadana tiene esa virtud y ese mérito, hacernos tomar conciencia de las situaciones que viven algunos sectores de la población y que no estamos atendiendo. Para nosotros es una llamada de atención para hacer lo correspondiente”.

El apoyo más significativo no vino del gobierno, sino de sus pares, que también están en lucha, las comunidades autónomas. Mario González de la Cruz,  gobernador de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, aliado de San Lorenzo Azqueltán, ante la Asamblea celebrada en el templo tradicional, deseó una buena dirección de la comunidad y una estrategia de unión.

“Ojalá tengan una organización bien estable, bien definida y bien clara para no separarnos y estar para los que están aquí. Depende de ustedes esa gran fuerza, esta gran organización ante este enfrentamiento: que no los separe la política, las diferentes religiones. No dejen que los separen, porque el empresario siempre es funcionario y es lo que trata de hacer: dividir, dividir y dividir a los pueblos”, alertó.

Buscar justicia

En San Lorenzo Azqueltán los procesos judiciales de los comuneros se resuelven con menos celeridad que los interpuestos por los ejidatarios. La consultora agraria, abogada Quetzal Prado, integrante de la tercera Misión civil de observación, resaltó la disparidad en la actuación de los órganos de procuración de justicia.

“Hay una situación particular que le ha dolido mucho a la comunidad. Cuando se dan los ataques contra los comuneros, éstos denuncian ante el Ministerio público, pero no avanzaban las carpetas de investigación. Además, se les ha tratado de criminalizar porque, cuando presentan denuncias en contra de integrantes de la comunidad autónoma, las carpetas se judicializan en un par de meses”, denunció Quetzal Prado.

En el ámbito agrario, el proceso se encuentra suspendido. El pasado 12 de mayo, el Tribunal superior agrario suprimió el Tribunal agrario 16, transfiriendo más de 500 expedientes a los tribunales 13 y 15.

“Esta acción que acaba de realizar el Tribunal superior agrario es completamente en detrimento de los derechos de los núcleos agrarios en el estado. Si de por si tenemos diez años notificando al tribunal que tenía 500 asuntos, ¿cuánto va a durar en atender más de 700 asuntos?”, añadió.

Ante la parálisis del sistema judicial, la comunidad formalizó una petición ante la Presidencia de la república y el Instituto nacional de los pueblos indígenas (INPI), a fin de que emita un decreto presidencial que reconozca formalmente 22 mil hectáreas en posesión pacífica. La comunidad emprendió una estrategia similar a la empleada por la comunidad indígena de Bosques de San Elías Repechique, en la Sierra Tarahumara, que obtuvo el título de propiedad comunal tradicional colectiva en 2024, informó Quetzal Prado.

Para Carlos Chávez, integrante de la Ajagi, la presencia ancestral del pueblo tepehuano-wixárika es el argumento de mayor peso para la tenencia legal ante quienes buscan apoderarse del territorio.

“Ustedes están aquí desde siempre, incluso desde antes de que existieran Jalisco y México. Porque se dice que, primero en tiempo, primero en derecho, así ustedes y sus antepasados”, declaró.

Abordar la problemática agraria de San Lorenzo Azqueltán requiere la intervención del gobierno estatal y de las instancias federales competentes, una demanda institucional que las propias autoridades tradicionales han puesto sobre la mesa.

El gobernador de San Lorenzo Azqueltan, Mario González de la Cruz, confirmó que se necesita la intervención de los gobiernos estatal y federal para resolver los problemas, pero sin imponer formas de trabajar, pues la comunidad, como pueblo autónomo, toma sus propias decisiones.

“La comunidad sabe cómo luchar, sabe qué pasos llevar, sabe cómo trabajar, sabe cómo coordinarse. A la comunidad nadie le va a decir si va haber una mesa de diálogo con algunos avecindados o ejidatarios. La comunidad tiene su propia decisión. Es un pueblo autónomo y toma sus propias decisiones”, subrayó González de la Cruz.

Otros frentes y luchas

En las últimas semanas se han registrado ataques a comunidades indígenas de la montaña baja de Guerrero; en Santa María Ostula, comunidad purépecha de Michoacán, se  reportaron ataques del crimen organizado y desplazamientos de comunidades en la Sierra Tarahumara.

En Jalisco también se ha dilatado la resolución de juicios agrarios y hay frentes activos de lucha: despojos estratégicos y pleitos históricos en comunidades wixarika del norte, en las comunidades autónomas de Sebastián Teponahuaxtlán y Santa Catarina Cuexcomatitlán; en Ayotitlán, una comunidad nahua al sur de Jalisco; en Mezcala, ubicada en la ribera de Chapala; además, en comunidades del Área Metropolitana de Guadalajara, como el bosque de El Nixticuil, en Zapopan; el Cerro de la Reina, Tonalá y en El Salto y Juanacatlán.

El reclamo en San Lorenzo Azqueltán, en voz del representante agrario de la comunidad, Ramiro Reyes Márquez, es seguir en la lucha sin perder a otro compañero.

“Hay que buscar que nos apoye el gobierno del estado y seguir en la lucha; no tener miedo a perder la vida por nuestro territorio porque, si dejamos esto, mejor no luchar, no hay que tener miedo a la muerte. Pero hay que buscar que en nuestro camino no caiga ni uno más”, sentenció.