Endurecen acciones para frenar el deterioro del Humedal del Ahogado en El Salto
Pablo Toledo/ El Occidental
En el municipio de El Salto, el resguardo del Humedal del Ahogado comenzó a tomar un giro más firme con la intensificación de operativos de vigilancia y acciones legales para frenar su deterioro. La intervención coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales busca contener prácticas que durante años afectaron este ecosistema, considerado clave para el equilibrio ambiental de la región.
Como parte de estas medidas, se inició la instalación de señalética en puntos estratégicos del perímetro del humedal. Los avisos advierten sobre sanciones penales a quienes realicen actividades como invasiones, rellenos o cualquier tipo de alteración en una zona que ahora cuenta con protección federal, lo que eleva el nivel de responsabilidad jurídica para quienes incumplan la normativa.
El reconocimiento oficial como humedal protegido marca un parteaguas en la historia de este espacio natural. A partir de esta declaratoria, también se han emprendido trabajos para reencauzar corrientes de agua y recuperar su dinámica natural, afectada por intervenciones irregulares acumuladas con el paso del tiempo.
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A la par, las autoridades informaron que ya existe una delimitación precisa del área protegida, lo que permite identificar con claridad los polígonos bajo resguardo legal. Este avance también ha facilitado la apertura de investigaciones por rellenos indebidos detectados en la zona, lo que podría derivar en sanciones contra los responsables.
Desde el ámbito federal, se advirtió que cualquier acción que ponga en riesgo el ecosistema será atendida de manera inmediata por instancias judiciales. En ese sentido, la comisionada para la restauración del Río Lerma-Santiago, Claudia Gómez Godoy, subrayó que la protección legal del humedal implica consecuencias directas para quienes atenten contra él, reforzando el carácter punitivo de la estrategia.
En el plano local, el gobierno municipal ha desplegado recorridos constantes de vigilancia con el objetivo de inhibir nuevas afectaciones. La alcaldesa de El Salto, Nena Farías, aseguró que no se permitirá la continuidad del daño ambiental y llamó a la población a involucrarse mediante denuncias ciudadanas que ayuden a detectar irregularidades.
Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Jalisco mantiene seguimiento activo a los casos denunciados previamente, además de reforzar la supervisión en campo. Esta vigilancia busca no solo sancionar, sino también prevenir nuevas intervenciones ilegales en un ecosistema que ha enfrentado presión urbana e industrial.
El fortalecimiento de estas acciones ha permitido establecer, por primera vez en años, certeza jurídica sobre los límites y condiciones de protección del humedal. Aunque el reto ambiental persiste, las autoridades coinciden en que la coordinación institucional y la participación social serán determinantes para garantizar la recuperación y conservación de este espacio natural que impacta directamente en la calidad de vida de la población.