PARTE DE LO AVALADO. La reforma a la Ley del Agua de Jalisco prohíbe drenar directamente el agua de lluvia hacia calles, cunetas o redes de drenaje. (Foto: Especial)
por Miguel Ángel Vidal Preza/ntrguadalajara.com
29 de Abril de 2026
Una reforma a la Ley del Agua para el Estado de Jalisco obligará a desarrolladores, empresas y particulares a gestionar el agua de lluvia que generen al modificar el suelo tras la aprobación con 27 votos a favor en el Congreso del Estado de una reforma que amplió el alcance del artículo 86-bis para prevenir inundaciones, recargar acuíferos y reducir la saturación del drenaje.
La iniciativa, presentada en octubre de 2025 por el coordinador del Partido del Trabajo (PT), Leonardo Almaguer Castañeda, establece que ya no solo las nuevas urbanizaciones deberán cumplir con estas disposiciones, sino cualquier ocupación del territorio, incluyendo desarrollos habitacionales, comerciales, industriales y actividades agrícolas o pecuarias.
Entre los cambios se establece que las remodelaciones o ampliaciones que incrementen la superficie impermeable también deberán implementar medidas de control pluvial. Además, se prohíbe drenar directamente el agua de lluvia hacia calles, cunetas o redes de drenaje.
La reforma obliga a los responsables de los proyectos a instalar sistemas de infiltración, retención o almacenamiento de agua, así como a garantizar que se mantengan las condiciones hidrológicas previas del terreno. En predios mayores a 10 hectáreas se requerirán estudios especializados con criterios técnicos específicos.
El ingeniero y experto en hidrología Josué Sánchez Tapetillo, quien participó en la construcción de la propuesta, señaló que el artículo 86-bis existía desde hace más de una década, pero no se aplicaba de forma efectiva en los procesos de urbanización.
De acuerdo con el dictamen, la reforma busca atender problemáticas como las inundaciones –371 puntos críticos se identificaron hasta 2024–, la sobreexplotación de acuíferos y el desperdicio de agua de lluvia, que en el Área Metropolitana de Guadalajara alcanzó el 60 por ciento ese mismo año.
En términos económicos, la legislación establece que los costos de implementación recaerá en los particulares que modifiquen el suelo, sin generar gastos adicionales para el estado, y con potencial de reducir a largo plazo la inversión pública en infraestructura hidráulica.