Violeta Meléndez/Mural

Guadalajara, México (12 febrero 2024) .-18:49 hrs

Vecinos de Tonalá acudieron este lunes a la SCJN a quejarse por la inacción judicial en Jalisco ante Matatlán. Crédito: Cortesía

Vecinos de Urbi afectados por el basurero de Matatlán acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para denunciar violencia procesal por parte del Juzgado Séptimo en Materia administrativa, por «congelar» un juicio de amparo que promovieron.

Los quejosos entregaron a la SCJN una relatoría de hechos donde denuncian que, a pesar de los daños ambientales que genera Matatlán, el juzgado no ha iniciado acciones para suspender el entierro de basura que actualmente se lleva a cabo por una empresa pagada por el Ayuntamiento de Guadalajara, cuando lo que anunció es que se sanearía el lugar.

«Recurrimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque esa violencia procesal de la que estamos siendo objetos lo único que hace es brindarle posibilidades a las empresas privadas de seguir haciendo negocio con la basura a costa de la salud de las personas que vivimos en los alrededores, y del medio ambiente», denunció Armando Bañuelos.

«El Juzgado Séptimo no nos aceptó el juicio de amparo que presentamos contra la empresa Caabsa y autoridades para que las obras supuestas de saneamiento que están haciendo las hagan conforme a la ley y no nada más tratando de ocultar el problema como lo están haciendo, arrojaron casi 200 mil toneladas de basura, debieron sacarla y no lo hicieron (…) no nos ha otorgado la suspensión de los trabajos».

Además, incluyeron en su informe a la SCJN la intención del Ayuntamiento de Tonalá de crear otra planta de transferencia cerca de la Colonia Jauja, que está habitada por ciudadanos y genera incompatibilidad con ese proyecto, pero aun así sigue adelante.

«Estamos continuando con las gestiones en instancias federales para que sean éstas las que determinen la pauta de las obras de remediación, y que la Suprema Corte tome cartas en el asunto para evitar que los intereses privados se pongan por encima de la salud de las personas y del cuidado del medio ambiente», abundó Bañuelos.

Actualmente, el Ayuntamiento de Guadalajara paga 40 millones de pesos a una empresa para que sepulte la basura que Caabsa dispuso en Matatlán durante el año pasado de forma irregular, sin embargo, el sitio no cuenta con permisos ambientales de relleno sanitario ni cuenta con infraestructura para que se lleve a cabo esa actividad de manera segura.