Por Elizabeth Rivera Avelar / lider919.com -09/12/2021 

Los integrantes de las comunidades wixaritari de San Andrés Cohamiata, que se quieren emancipar de Jalisco y sumarse a Nayarit, efectuaron una mesa de diálogo con autoridades estatales y federales, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), informó el tercer visitador general del organismo defensor de garantías individuales, Aldo Reynoso Cervantes.

«La reunión tuvo el propósito fundamental de solucionar un conflicto social, provocado entre otras causas, por la indefinición de límites territoriales entre Jalisco y Nayarit,; y el reclamo de servicios públicos», expresó.

La controversia, que involucra a los estados de Nayarit y Jalisco, se encuentra en estudio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y se deriva de la intención de un grupo de personas de varias localidades pertenecientes a San Andrés Cohamiata, que se inconforman de un abandono administrativo, y por ello, quieren que los reconozcan y los integren al territorio del vecino estado nayarita.

El encuentro se efectuó en la comunidad de Las Tapias, localidad de Tateikie San Andrés Cohamiata, Mezquitic, Jalisco.

La comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata está integrada por varias localidades, unas enclavadas presuntamente en territorio nayarita y otras en Jalisco, pero con una misma autoridad agraria y tradicional. El conflicto afecta principalmente las localidades Palma Chica, Guamuchilillo, Las Tapias y Tutuyekuemama.

En una primera fase de esta reunión fueron escuchados los argumentos del grupo de inconformes, luego se dio voz a la comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas del Gobierno de la República, Josefina Bravo Rangel; al subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de Nayarit, Daniel Sepúlveda Árcega; al asesor del congreso nayarita, Armando Simón Morales; a los responsables del INPI de Nayarit y Jalisco, Maximino González Salvador y Samuel Salvador Ortiz; a los presidentes municipales de Mezquitic (Jalisco), César Rolando de la Torre Martínez , y del Nayar (Nayarit), Eugenio Álvarez Gómez; a la directora de Asuntos Agrarios de Jalisco, Ana Elena Hernández; a la directora del Consejo Estatal Indígena de Jalisco, Isaura Martin de García Hernández; así como a los titulares de la Comisión de Derechos Humanos de Nayarit, Maximino Muñoz de la Cruz y de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón.

En su intervención, el presidente de la CEDHJ, Alfonso Hernández Barrón señaló que hay motivos de mayor peso para unir a las partes que el conflicto en sí mismo, como el deseo de solucionar pacíficamente las diferencias, y citó como ejemplo el que esta situación no afecte a niñas y niños, pues merecen toda la protección.

“Que no trascienda a ellos la tensión que estamos viviendo, no lo merecen, se debe garantizar el principio del interés superior de la niñez”, dijo.

Hernández Barrón exhorto a privilegiar la unidad y la paz, a través del diálogo.

Dijo que en medio de los debates políticos y jurídicos, vale la pena recordar que la esencia de los pueblos originarios, particularmente del pueblo wixárika, que descansa en su identidad cultural heredada de sus ancestros, por lo que se debe retomar como un punto de orientación al momento de construir el diálogo.

Otro punto de unión entre las partes, es la exigencia hacia las autoridades de la dotación de servicios públicos básicos, como la habilitación y mantenimiento de las carreteras que faciliten el acceso a diferentes satisfactores para las comunidades.

El asunto, dijo Hernández Barrón, se debe resolver de fondo, dando solución al aislamiento, la marginación histórica de los pueblos originarios y la discriminación institucional que tanto ha perjudicado a los pueblos indígenas, generando tensiones como el conflicto presente que divide a la comunidad.

Planteó a las partes que los inconformes tienen derechos a saber a qué gobierno pertenecen, de ahí la importancia de la resolución de la controversia constitucional, a qué estado federativo están integrados, acceso a los servicios públicos, programas sociales y la ayuda del gobierno federal, independientemente del estado al que pertenezcan.

Recordó que también tienen derechos agrarios, y que los conflictos en esta materia deben resolverse a través de las leyes establecidas, incluyendo los tratados internacionales con perspectiva de derechos humanos. Dijo que los sistemas normativos reconocen a la autoridad tradicional, en este caso al gobernador tradicional. También tienen derechos a participar en los órganos de decisión, como la Asamblea General, máximo órgano del gobierno comunal, donde se tienen derechos y obligaciones.

“Aquí se requiere un plan de justicia wixárika reforzado y confío en que el presidente de la república lo lleve a cabo, como lo hizo en Temacapulín, Acasico y Palmarejo. Aquí se le debe al pueblo wixárika”, enfatizó.

Al final de la reunión se asumió como acuerdo y compromiso de las partes en conflicto reunirse el 10 de febrero de 2022 en la comunidad Jesús María, con independencia de lo que resuelva la SCJN respecto a la controversia entre los estados de Jalisco y Nayarit.

El grupo de comuneros inconformes exige una reparación del daño por el abandono que señalan, en tanto que las autoridades de San Andrés piden que cumplan con sus derechos y obligaciones, entre las que se encuentran el pago de adeudos, e inasistencias a las asambleas y ceremonias tradicionales.

Durante la gira de trabajo, la CEDHJ constató el mal estado de los caminos comunales y la operación de puntos de vigilancia a cargo de los gobiernos municipales de Totatiche, Villa Guerrero y del ejército nacional, así como los ubicados en diversas zonas de la carretera Huejuquilla-Jesús María, que involucran municipios de Jalisco, Durango, Zacatecas y Nayarit.

Elizabeth Rivera Avelar