Publicado en Pagina 24 Jalisco 

“Pretenden desalojarnos con apoyo de la policía de Colima”

El Consorcio Minero Peña Colorada “sentenció que los desalojaría, sin tomar en cuenta que los campesinos nahuas hace siglos habitan diversos poblados que forman parte del estado de Jalisco y de la Sierra de Manantlán”, tronó uno de los líderes nahuas en carta a DH de Colima

Por Pedro Zamora Briseño

Colima, Co­lima (apro).- Re­presentantes de comunidades indígenas de la Sierra de Ma­nantlán denunciaron que los poblados La Astilla y El Ma­meycito, ubicados en la zona de conflicto limítrofe entre Jalisco y Colima, se encuen­tran desde hace más de un año bajo el asedio de la mi­nera Peña Colorada, que pre­tende desalojarlos con apoyo policiaco del gobierno de la segunda entidad.

En una diligencia realizada en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coli­ma (CDHEC) con motivo de la queja 609/2019, habitantes de esa región expusieron si­tuaciones que consideraron violatorias de sus derechos por parte de la empresa, así como de los gobiernos del municipio de Minatitlán y del estado de Colima.

Inicialmente la queja ha­bía sido presentada el 28 de octubre de 2019 por la Red Jalisciense de Derechos Hu­manos (RJDH) ante la Comi­sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero este organismo determinó que el asunto es competencia de la CDHEC y le canalizó el ex­pediente.

Después de pedir el in­forme a las autoridades se­ñaladas como responsables, la comisión estatal citó a los quejosos a la audiencia de vista, donde el visitador Pe­dro Alejandro Mejía Chávez les dio a conocer el informe justificado rendido por el go­bierno estatal y la Dirección de la Policía Estatal Acredi­table (PEA).

A través de los documentos, el gobierno estatal negó que elementos de la PEA hayan participado en los actos violatorios de los derechos humanos señalados en la queja suscrita por el presidente de la RJDH, Ós­car González Garí, quien fue exhortado a aportar más da­tos, como números de placas de circulación o números de identificación de las unidades policiacas que habrían parti­cipado en los hechos.

Los representantes de las comunidades estuvieron acompañados por el represen­tante legal del Consejo Autó­nomo de Autoridades Nahuas “Tenamaxtla” de Ayotitlán (CAANTA), Fermín Flores Elías, y por el presidente del Frente Regional Pro Manant­lán y Cuenca del Marabasco (Fremmar), Mario Ciprián Flores.

Durante la diligencia ante la CDHEC, el visitador Mejía Chávez preguntó a los asisten­tes si estaban de acuerdo con la respuesta de la autoridad señalada como responsable, a lo que aquellos expresaron su desacuerdo.

Mario Ciprián argumentó que las patrullas de la Poli­cía Estatal de Colima habían ingresado hasta el crucero de Cerro Prieto, aproximadamen­te a un kilómetro de la comu­nidad La Astilla, y rememoró que estas incursiones han sido comunes en los últimos años, como cuando en 2007, en el contexto del conflicto limítro­fe, fueron detenidos tempo­ralmente siete ejidatarios de la comunidad Plan de Méndez por parte de agentes de la Pro­curaduría General de Justicia de Colima, sin que se abriera un expediente.

Fermín Flores leyó un documento dirigido al presi­dente de la CDHEC, Sabino Hermilo Flores Arias, en el que señaló que desde el año pasado las localidades nahuas de El Mameycito y La Asti­lla se encuentran amenazadas por el Consorcio Minero Peña Colorada, que “sentenció que los desalojaría, sin tomar en cuenta que los campesinos nahuas hace siglos habitan diversos poblados que forman parte del estado de Jalisco y de la Sierra de Manantlán”.

Añadió que, en febrero de 2020, la minera “empezó a hacer la tala a matarraza de las áreas forestales de ambas localidades y la apertura de caminos para maquinaria pe­sada”, con “apercibimientos por el personal minero a la población indígena de que no podrían seguir realizando las actividades en sus parcelas y potreros, lo que en conjunto representa un proceso de des­plazamiento forzado y cuya atención y solución compete a instancias federales relacio­nadas con la expedición de permisos de cambio de uso de suelo, concesiones mineras, impactos ambientales, protec­ción del ambiente, derechos agrarios, entre otros”.

Suscrito por pobladores de La Astilla y El Mameycito, así como de las organizacio­nes que los respaldan, el do­cumento consideró necesario que la CDHEC se pronuncie sobre “las cuestionables y hostiles actuaciones de la Po­licía Estatal contra la pobla­ción indígena y sobre los pro­cedimientos amañados de las autoridades ministeriales es­tatalescontra indígenas asen­tados en el área de conflicto territorial entre los estados de Colima y Jalisco”.

Así también, pidió que se investigue “el impedimento por la fuerza de la realización de obras y prestación de ser­vicios públicos a la población indígena en la zona en litigio por las autoridades del estado de Jalisco para imponer en su lugar obras y servicios por parte del estado de Colima con el fin de aparentar lega­lidad de la imposición de ac­tos de autoridad en la zona de conflicto”.