Por Elizabeth Rivera Avelar / lider919.com

Las descargas industriales sin control a los ríos Lerma, Santiago y Zula, son el origen real del agua turbia que llega a los hogares en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por la red de abasto de agua potable, manifestó el representante de la agrupación “Pueblos Afectados de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago”, Enrique Lira Coronado.

“La exigencia es que se cumplan los acuerdos que tenemos, con base en la Constitución, y a las leyes y los derechos humanos, con el subsecretario de Asuntos del Interior. Cuando estaba de gobernador Aristóteles Sandoval, deben recordar que es cuando salió el problema de enfermos renales de Poncitlán. En ese tiempo, la Universidad de Guadalajara (UdeG) le dio los datos al Gobierno de Jalisco, al SIAPA, que presidía Aristeo Mejía Durán, y al Gobierno de Poncitlán, y le dijeron al gobernador: ‘si no aplica un programa de políticas públicas, para prevenir este problema de Poncitlán, va a llegar a Guadalajara, porque este municipio está actuando en forma omisa, en cuanto a la norma del agua, porque la manda como está, no la trata’”, explicó.

Lira Coronado dijo que el agua sucia de los ríos llega a la planta potabilizadora de Miravalle, y de ahí, el SIAPA la distribuye a los hogares.

El activista manifestó que instancias internacionales en materia de derechos humanos van a deliberar sobre el problema del agua potable que no es saludable, las descargas de agua sin tratar a los ríos, y los enfermos renales en los municipios de Poncitlán, Chapala y El Salto.

“Se va a venir una Corte Internacional de Derechos Humanos a llevar (a los funcionarios) a Suiza, a declarar, por no estar atendiendo su responsabilidad de gobierno. Bien dice el artículo 1º cuando ellos juran la Constitución, juran cumplir la Constitución y si no, que el pueblo se los demande. Eso es lo que estamos haciendo aquí: demandándoles que no cumplen la Constitución o que se vayan a una empresa a tener su oficina, porque estamos pagando Palacio de Gobierno, estamos pagando sueldos, y está trabajando cada funcionario –y los diputados también- en hacer negocio con las inmobiliarias, y no están cumpliendo los derechos humanos”, expresó.

Este viernes, Enrique Lira Coronado, a nombre de los 31 pueblos pertenecientes a 11 municipios, protestó frente a Palacio de Gobierno, para exigir que la Subsecretaría de Asuntos del Interior del Gobierno de Jalisco, cumpla con los acuerdos en reuniones realizadas con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), en el que se exige sancionar a las industrias que realizan descargas de aguas sin tratar, a los ríos Lerma, Santiago y Zula.

La agrupación calcula que han muerto 776 personas por insuficiencia renal y 226 por cáncer, en un periodo de 10 años, a causa de la contaminación de los cuerpos de agua con metales pesados.

Elizabeth Rivera Avelar