·Gracias a una queja interpuesta por nuestro colectivo, como habitantes afectados por la urbanización de alto riesgo que ha sido promovida por constructoras fraudulentas y garantizada por el Ayuntamiento de El Salto en los últimos quince años, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se ha pronunciado para tratar de evitar que se sigan vulnerando los derechos que reclamamos.
El Mirador es un proyecto de la empresa Casas Bali (quien utiliza en este caso una de sus razones sociales: Bali de Lagos Inmobiliaria, S.A. de C.V.) que consiste en la construcción de un fraccionamiento de alta densidad (H4) con poco menos de 6 mil viviendas en la cabecera municipal de El Salto, enfrente del fraccionamiento La Azucena. Las principales afectaciones que padeceríamos, en caso de concretarse, son la profundización de la crisis de agua que padecemos históricamente, la saturación de los servicios de transporte, drenaje, seguridad y salud, así como la pérdida irreparable de las escasas zonas arbóreas y de recarga con que cuenta el municipio. Denunciamos también el riesgo que implica además para los nuevos habitantes llegar a un municipio que es considerado como un infierno ambiental, según SEMARNAT, una Región de Emergencia Ambiental, según CONACYT y la cuenca prioritaria de atención sanitaria en el país según la Secretaría de Salud federal.
Este proyecto de urbanización de alto riesgo contradice las medidas cautelares No. 708-19 emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al igual que las emitidas en febrero por la CEDHJ con número 35/2020/II, tanto por la cercanía con el centro de distribución y el oleoducto de PEMEX, como con el canal de El Ahogado y el río Santiago. El Mirador no cuenta con los requerimientos básicos que establecen el Código Urbano del Estado de Jalisco y el Reglamento de Construcción y Urbanización del municipio de El Salto, Jalisco, en lo referido a contar indispensablemente con dictámenes de impacto ambiental, de protección civil y de agua potable, drenaje y saneamiento.
Además, la licencia con la que cuenta Casas Bali se le otorgó en 2010 violando el Plan Parcial de la Cabecera Municipal de El Salto y fue ratificada por esta administración en febrero de 2019 sin haber corregido este hecho ni determinar en cabildo un cambio de uso de suelo apto para H4, además de permitirle operar un pozo profundo sin contar con una concesión por parte de la CONAGUA. De manera preocupante, hemos denunciado que desde hace meses que hay gente viviendo y la empresa continúa con la venta de viviendas a pesar del alto riesgo que implican los trabajos inconclusos, los materiales dispersos y la maquinaria que ronda el fraccionamiento, evidentemente sin contar con un dictamen y permiso de habitabilidad.
Por lo anterior es que, en el oficio 3013/2020/II donde se exponen las medidas cautelares, la CEDHJ le requirió información precisa a la SEMADET, a la PROEPA y a las diversas dependencias del Ayuntamiento de El Salto, “bajo el apercibimiento que de no hacerlo en tiempo y forma o injustificadamente retrase la presentación del informe, se les tendrán por ciertos los actos u omisiones atribuidos, además de que este organismo quedará facultado para solicitar a sus superiores la imposición de sanciones administrativas a través de los medios y procedimientos legales correspondientes”.
Como medida cautelar, la 69/2020/II dirigida a la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, le fue requerida “una visita de inspección o verificación […] y, en caso de que efectivamente se estén llevando acabo irregularidades que estén causando algún daño ecológico o transgredan la normativa de la materia, ordene las acciones que resulten necesarias para resolver conforme a derecho la problemática mencionada por los inconformes”.
En la medida única 70/2020/II para la Procuraduría Estatal de Desarrollo Urbano, solicita “se lleven a cabo las visitas e inspecciones necesarias […] e informe los resultados de dichas acciones, lo anterior con el fin de vigilar y procurar la observación de la legislación urbanística en beneficio de la población”.
Por su parte, alPresidente Municipal Ricardo Santillán Cortés, en la medida 71/2020/II, le piden, en primer lugar, que “dé vista a la Conagua sobre los trabajos de perforación de un pozo profundo realizados por la empresa Bali de Lagos Inmobiliaria, S.A. de C.V. en el fraccionamiento “El Mirador” en el acuífero de Toluquilla, con la finalidad de no agravar las condiciones de sobreexplotación que presenta el cuerpo de agua subterráneo y se prevenga una afectación irreparable para las personas de El Salto y otras poblaciones que se abastecen del acuífero. Por otra parte, también le solicitan que “dé cumplimiento cabal a la medida cautelar 35/2020/II emitida por la CEDHJ el 28 de febrero de 2020 y notificada mediante oficios 1001/2020/II y 2688/2020/II” las cuales fueron aceptadas por el titular en ese momento.
Por último, denunciamos que el Ayuntamiento no ha acatado la suspensión provisional emitida en nuestro favor por el 1er Tribunal Colegiado del Tercer Circuito en Materia Administrativa donde le ordenaron que de manera inmediata lleve a cabo una inspección y posterior clausura de las obras en caso de encontrar daños al ambiente, lo que evidentemente está ocurriendo. Es indispensable que este gobierno encabezado por Ricardo Santillán, debe dejar de asumir los compromisos que los gobiernos anteriores adquirieron con las inmobiliarias, como lo ha hecho con Grupo San Carlos, Casas Javer y como continúa haciéndolo con Casas Bali en el caso de Las Lilas 1 y 2 y ahora con El Mirador. Es inadmisible e injustificable darle continuidad a la permanente devastación de nuestro territorio y de nuestras condiciones mínimas para una vida digna.
El Salto, Jalisco a 07 de septiembre de 2020
Agrupación Un Salto de Vida
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