A más de año y medio de que Alfaro anunciara “intervención”
Por Gloria Reza M.
En un video que grabó el pasado domingo 19 de julio el activista ambiental Enrique Lira, junto a la cascada de El Salto-Juanacatlán se observa la espuma que arrastra el río alcanzando los tres metros de altura/Foto: Tomada de video
(apro).- A 19 meses de que el gobernador Enrique Alfaro anunciara que se invertirían 3 mil 418 millones de pesos en el saneamiento del río Santiago, y a casi medio año que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares a los vecinos de la cuenca, en el sito es evidente la gran contaminación.
En un video que grabó el pasado domingo 19 de julio el activista ambiental Enrique Lira, junto a la cascada de El Salto-Juanacatlán se observa la espuma que arrastra el río alcanzando los tres metros de altura.
Durante la grabación, el activista menciona que el agua contaminada proviene de las industrias, rastros, tequileras y talleres de maquila, y en menor medida de las viviendas.
Hace 11 años, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco emitió una macro recomendación para implementar acciones que reviertan los niveles de contaminación del afluente. Al gobierno del estado, el organismo le planteó 100 puntos, pero solo aceptó 43, y a más de una década, reportó avances en 37.
Al anunciarse que habría una nueva macro recomendación, el mandatario jalisciense se molestó e invitó a la CEDHJ a realizar una “macro excursión” en febrero pasado. El recorrido consistió en visitar la renovación de 19 plantas de tratamiento, mostrar la construcción de un colector en la Cuenca del Ahogado, y el anuncio de un programa de rehabilitación de rastros.
Plantas de tratamiento no son idóneas
El 7 de febrero pasado, la CIDH emitió la resolución 7/2020 en la que otorga medidas cautelares a los pobladores de las zonas aledañas a la cuenca. El organismo internacional mencionó que el Estado le informó que la principal política pública para sanear el río consiste en implementar plantas de tratamiento de aguas residuales, lo cual “no es idónea” para reducir la contaminación producida por residuos industriales que se encuentran en el agua.
La CIDH también mencionó que el Estado de México tiene “la obligación de mitigar el daño ambiental significativo, inclusive cuando hubiera ocurrido a pesar de acciones preventivas o si se desconoce cuál es el origen de la contaminación, utilizando la mejor tecnología y ciencia disponible”.
La CIDH, en la medida cautelar 708-19, dentro del apartado V, se estableció que el gobierno de México tendría que informar en un plazo de “15 días contados a partir de la fecha de la presente comunicación, sobre la adopción de las medidas cautelares acordadas y actualizar dicha información en forma periódica”. Sin embargo, no ha dado una respuesta concreta, asevera Enrique Lira.
La reportera envió un correo a la CIDH en marzo para conocer la respuesta del Estado, pero nunca se respondió a la solicitud.
Por otro lado, el activista refirió que, el próximo 31 de agosto, el Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico firmará un acuerdo de coordinación con los tres niveles de gobierno y las empresas establecidas en el río, para que reciban un subsidio para construir en lo individual una planta de tratamiento.
Con ello, antes de mayo de 2021 se reutilizarían sus aguas residuales y ya no habría escasez en los acuíferos.
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