Guadalajara, México (11 febrero 2020).- Con la amenaza de perder un área verde esparcimiento es como viven los vecinos de Ciudad Aztlán, en Tonalá.

Desde el viernes pasado maquinaria comenzó a remover tierras y mobiliario urbano del predio con una extensión de una hectárea ubicado en el cruce de Avenida Tonalá y la Calle Unicornio.

Eso desató la inconformidad vecinal, pues por 35 años ese espacio se ha utilizado como área de esparcimiento deportivo.

«No traían un permiso de Obras Públicas, que de hecho todavía no lo tienen y llegaron, hicieron y deshicieron todo lo que se había juntado para llegar a tener esta unidad deportiva, todo se lo llevaron y automáticamente perteneció a ellos», señaló Víctor Hugo González Peña, presidente de la asociación vecinal de Ciudad Aztlán.

«Toda esa infraestructura que teníamos para la comunidad desapareció, mobiliario, lámparas, todo se lo adjudicaron los señores entonces ahí creemos que es parte de un robo. (…) Está la maquinaria y todo todavía no se han tumbado los árboles, pero creemos nosotros que es simple, hay que ir a dar su bien dinero al Ayuntamiento y sin ningún problema».

Ese predio solamente puede tener un uso de suelo para espacios verdes, abiertos o recreativos barriales, por lo que está prohibida la edificación de otro tipo de infraestructura, según el Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Distrito Urbano TON-08.

El Gobierno de Tonalá desconoció tener registro de licencias de urbanización para ese predio y ya requirió al propietario comparecer en el Ayuntamiento para acreditar haber hecho trámites que le permitan realizar obras.

«Es un terreno particular totalmente, donde sí le toca la competencia al Municipio va a ser precisamente si ellos quieren edificar», señaló José Luis de la Mora Gálvez, director Jurídico del Municipio.

«De momento no (pueden construir), ahí nada mas faltaría verificar si hay algún trámite previo, en esa parte, que yo tenga conocimiento, ahorita no».

Según fuentes cercanas al Municipio, ese predio era del Estado, pues perteneció por 16 años al Instituto Jalisciense de la Vivienda, pero fue vendido a la empresa Obras y Urbanización La Paz en septiembre del 2018, es decir a dos meses de terminar la Administración de Jorge Aristóteles Sandoval.