En materia de desarrollo de la ciudad, “los usos de suelo urbano son un tema que genera condiciones para la corrupción, pues se movilizan intereses privados que pretenden sacar provecho particular pasando por encima de disposiciones legales”, advirtió ayer Alejandro Mendo, investigador y catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), al participar en un foro sobre corrupción al que convocó la universidad jesuita.

El especialista destacó cuestiones que son de dominio público: las leyes y los reglamentos son laxos y sujetos a negociación, y la autoridad administrativa responsable de emitir permisos de urbanización realiza un trabajo deficiente, por ejemplo, no responde las solicitudes de permisos en tiempo y forma, indefinición que da un fabuloso margen de maniobra al desarrollador, el cual consigue en el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), vía “afirmativa ficta”, la posibilidad de que se le otorgue la licencia de construcción para un proyecto que viola las densidades permitidas en el plan parcial.

Ante el rosario de “chuecuras”, añadió, el ciudadano tiene la opción de judicializar los procesos, lo que deriva en un entrampamiento que tampoco es positivo para el desarrollo de la ciudad, pero por otro lado, la legislación urbana de avanzada que puede tenerse es letra muerta.

Como ejemplo citó que hay delitos de desarrollo urbano que se cometen, pero nadie pisa la cárcel, y que hay un Instituto Metropolitano de Planeación que a cinco años de contar con un plan de ordenamiento no termina de incidir en la toma de decisiones, pues los ayuntamientos persisten en sostener su autonomía para definir los procesos de su territorio.

Para la académica Mara Alejandra Cortés Lara, otra de las participantes, la corrupción es “una estrategia de negociación que permite cierta reciprocidad, pero siempre favorece a quien tiene mayor jerarquía de poder”, por ende, es una “estrategia que altera el curso ético y adecuado de gestión de los bienes públicos, sociales o colectivos”.

En su presentación denominada Vivienda, densificación urbana y corrupción, destacó cuatro aspectos en los que se manifiesta a nivel de la vivienda este grave problema: “Cambios de uso de suelo para promover la especulación urbana; calidad de materiales (deficiente) e incumplimiento de la norma constructiva; programas de apoyo a la vivienda (usados de forma poco rigurosa o tramposa) y demoliciones y recursos públicos y privados mal aplicados”.

Por su parte, el investigador Rodrigo Flores Elizondo abordó la temática de la corrupción con el agua y enumeró varios factores: “Inspección débil: sólo la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene atribuciones legales, pero cuenta con tres inspectores para el occidente de México”; presentación de información incompleta, entre otros.

Asimismo, criticó que los mecanismos de información tienen vacíos, lo que lleva a que el ciudadano deba preguntarse: “¿Hay y habrá agua en donde quiero comprar o rentar?, ¿Qué hacer si cada vez hay menos o de menor calidad?, ¿Qué hacer para asegurar que sea potable en la red?, ¿Cuál es el día cero de mi ciudad?”.

Como resultado, finalizó, actualmente existen “discrecionalidades y temas obscuros; discrecionalidad en banco de agua; discrecionalidad en manejo de aguas negras; discrecionalidad en manejo de espacios de drenaje/materiales de drenaje/ zonas federales; temas obscuros en calidad de agua de abasto y saneamiento: garrafones y pipas”.

Malas prácticas y agua

De acuerdo con el investigador Rodrigo Flores Elizondo, la corrupción en temas del agua provoca discrecionalidades en:

•  Bancos de agua
•  Manejo de aguas negras
•  Manejo de espacios de drenaje

“(La corrupción es una) estrategia que altera el curso ético y adecuado de gestión de los bienes públicos, sociales o colectivos”

Mara Alejandra Cortés Lara, académica

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