Desde el exterior observaron el ingreso y salida de camiones recolectores de residuos

Pablo Toledo/ El occidental

Tres juicios de amparo promovidos por habitantes de Tala, el ejido de Huaxtla y organizaciones defensoras del medio ambiente buscan detener el depósito de residuos en el vertedero ubicado en esa comunidad, al considerar que opera sin autorización y representa un riesgo para el entorno ambiental. De acuerdo con la representación legal de los promoventes, los recursos permanecen vigentes y cuentan con suspensión judicial desde 2024.

La asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública, Sonia Patricia Trujillo Antolín, explicó que los juzgados concedieron medidas cautelares para que las autoridades responsables impidieran el ingreso de residuos provenientes de municipios y empresas privadas mientras se resuelve el fondo de los asuntos. Sin embargo, sostuvo que esa determinación no se ha cumplido.

En los tres se concedió la suspensión para efectos de que las autoridades responsables hicieran todas las medidas necesarias para impedir que se siga vertiendo desechos de los municipios y de empresas privadas, y hasta el día de ayer no se ha respetado esa medidaSonia Patricia Trujillo Antolín, asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública.

La litigante informó que durante una diligencia realizada para el desahogo de una prueba pericial, personal del Instituto Federal de Defensoría Pública no pudo ingresar al predio. No obstante, señaló que desde el exterior observaron el ingreso y salida de camiones recolectores de residuos, entre ellos unidades atribuidas a los municipios de El Arenal, Amatitán y Tequila, además de empresas particulares.

Ante esos hechos, adelantó que presentará un incidente por presunta violación a la suspensión concedida por el Poder Judicial, mientras que los otros expedientes continúan en revisión ante un Tribunal Colegiado. Añadió que, a su consideración, las autoridades involucradas han evitado asumir la responsabilidad sobre el funcionamiento del sitio.

Hace unos momentos estaba terminando de redactar un incidente de violación a la suspensión por los hechos que nos percatamos el día de ayerSonia Patricia Trujillo Antolín, asesora jurídica federal del Instituto Federal de Defensoría Pública.

La asesora jurídica indicó que los amparos no solo buscan detener la disposición de residuos, sino que también pretenden que, en caso de obtener una resolución favorable, se ordene un plan de recuperación y saneamiento para reparar el daño ambiental ocasionado en la zona.

La representante legal agregó que habitantes de Huaxtla han manifestado preocupación por la posible contaminación del río cercano debido a la generación de lixiviados y por los olores provenientes del vertedero, al considerar que la operación del sitio afecta el entorno donde viven.

El Instituto Federal de Defensoría Pública continuará con la representación legal de los promoventes y agotará los recursos jurídicos disponibles para que se cumpla la suspensión vigente y se resuelva el fondo de los tres juicios de amparo relacionados con la operación del vertedero de Huaxtla, en el municipio de Tala.