Adán Padilla/Mural
Guadalajara, México (13 julio 2026) .-05:00 hrs
Ciudadanos han llevados al SIAPA su quejas por el agua sucia, incluyendo muestras. Crédito: Maricarmen Galindo
Jorge Aragón se mudó hace un año a Residencial Chapalita, en Guadalajara. Desde entonces, el principal problema que ha enfrentado es la mala calidad del agua. Decidió instalar un sistema de filtrado que le costó 7 mil pesos… y la solución duró apenas unas semanas. El olor fétido volvió.
«Creí que había valido la pena, ya que el agua salía café y con el filtro se transparentaba. Cuando llegaron las lluvias, el filtro ya no quitó el olor, es muy feo, como a caño», relata.
En cientos de colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara el agua sigue llegando café, negra o con olor a caño. Hoy se cumple el plazo de tres meses que ofreció el SIAPA para mostrar resultados y responder así a las miles de quejas. No cumplió y la molestia social va en aumento.
El 13 de abril, 22 días después de asumir el cargo, el director del organismo, Ismael Jáuregui, prometió que las obras emergentes en plantas, tanques y redes rendirían frutos pronto. «Con los trabajos emergentes que estamos realizando, en los primeros tres meses se van a ver resultados en calle tangibles», dijo entonces.
Para los especialistas, el plazo estaba condenado desde el anuncio. Arturo Gleason Espíndola, investigador de la Universidad de Guadalajara, dijo que tres meses no bastan para resolver la crisis, pero sí habrían alcanzado para lo esencial: un diagnóstico integral del sistema. En su lugar, el Gobierno impulsa un plan hídrico sin sustento técnico público.
«(Las medidas) las veo muy inmediatistas para calmar la opinión pública, pero no son resultados de un análisis profundo que hace falta, para entender lo que está pasando», advirtió.
Juan Pablo Macías, experto en temas hídricos, sostuvo que las soluciones de fondo tomarán años: de tres a cuatro para el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara y hasta dos para rehabilitar la Planta Potabilizadora 1 de Miravalle.
Mientras el debate técnico se estanca, la calle se ha desbordado. El 8 de julio, decenas de personas presentaron una queja colectiva ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. El organismo informó que tiene registro de 600 colonias con problemas por el agua -muy por encima de las 200 que reconoce el Estado- y de 130 quejas contra el SIAPA este año, 13 de ellas colectivas, con mil 245 quejosos en total.
El 6 de julio, el Secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, recomendó no usar agua de la llave para beber, ni cepillarse los dientes. Jáuregui, en tanto, ha evitado el tema y no acude al Congreso.
Como solución, el jefe de Gabinete, Alberto Esquer, presentó una estrategia de hasta 25 mil millones de pesos: 5 mil los pone el Estado y 20 mil dependen del Congreso y la Federación.
La diputada Mariana Casillas propuso exigir al Ejecutivo dé a conocer el plan hídrico completo, pues hasta la fecha no se conoce, pero las bancadas de PAN, MC y PVEM lo rechazaron.
Ven especialistas plazo no realista
Especialistas coinciden en que el plazo de tres meses difícilmente podía cumplirse y que las soluciones de fondo requieren otro planteamiento.
Juan Pablo Macías, experto en temas hídricos, consideró que la promesa de observar mejoras en 90 días «no era realista», pues las acciones emprendidas, como el lavado de tanques de regulación y almacenamiento, no atacaban el origen del problema.
«No entiendo la razón por la que anunciaron esas acciones, que debemos decirlo, significaron erogación de recursos cuando en enero, durante el operativo de mantenimiento fue hecho, se lavaron tanques», cuestionó.
Señaló que una medida de impacto inmediato habría sido controlar las descargas de aguas residuales al sistema antiguo de conducción, mientras que obras como el acueducto sustituto Chapala-Guadalajara o la rehabilitación de la Planta Potabilizadora 1 (PP1) de Miravalle tomarían años en concretarse.
«Las acciones como la construcción del acueducto y la renovación de la PP1 de Miravalle necesitan mayor tiempo, en el caso del acueducto el tiempo podría ser de 3 a 4 años, si se tienen los recursos, y en el caso de la renovación de la PP1, podría tomar entre uno a dos años», dijo.
Por su parte, Arturo Gleason, investigador de la Universidad de Guadalajara, consideró que los tres meses debieron aprovecharse para realizar un diagnóstico integral del sistema de abastecimiento y definir medidas que mitigaran la contaminación.
«Mínimo se debió hacer un recorrido exhaustivo por las siete diferentes etapas del sistema hidrosanitario urbano. (…) Pudo tener un diagnóstico y también el diseño e implementación de equipo de defensa que pudiera parcialmente contener la contaminación», señaló.
Respecto al plan hídrico del Gobierno de Jalisco, para el que pide 20 mil millones de pesos, el académico cuestionó que no exista un diagnóstico público que sustente las obras propuestas y criticó que las decisiones se hayan tomado sin transparentar la información técnica.
«(Las medidas) las veo muy inmediatistas para calmar la opinión pública, pero no son resultados de un análisis profundo que hace falta para entender lo que está pasando (…) Tendrían que ver si en verdad el segundo acueducto es prioridad o si es prioridad acordonar una zona, tratar el agua en algún punto estratégico para que el agua llegue limpia», expuso.