Escrito por:ZonaDocs

26 enero, 2026

Casos documentados de crueldad extrema contra perros y gatos, agresores plenamente identificados y leyes que establecen sanciones claras no han sido suficientes para frenar la violencia animal en el Área Metropolitana de Guadalajara.  Entre denuncias archivadas, presupuestos limitados y falta de seguimiento institucional, refugios y activistas enfrentan solos un problema sistemático donde la justicia rara vez llega para las víctimas.

Por Lilith Murillo / @lilith.murillo, Alexa de Alba / @alexa.dealba.54, Azul Jiménez / @azul_jimenez01, Juliette Audren / @ju_audren, María Esmeralda Chávez / @mar.esme10, María Dimas / @mar.dimasc, Eliezer Reyes / @eliezer_rys y César Díaz / @cesardiaz.mx

Valente fue amarrado a un poste durante una semana en Tlajomulco de Zúñiga. Después, sus propios dueños —porque Valente sí tenía dueños— lo golpearon, le quebraron el cráneo y lo dejaron tirado. A unos metros de ahí, en el mismo municipio, ocurrió el maltrato de Felipe.

Según el Refugio Manchitas, ambos fueron hallados con la misma gravedad, aunque con desenlaces distintos: Valente sobrevivió, Felipe no.

El Refugio sintetiza así lo ocurrido: “Casos como los de ellos son diarios. En estos dos casos incluso teníamos identificado al agresor, pero no pasó nada”.

A pesar de que existen leyes que deberían protegerlos, ninguno de los agresores fue condenado.

El Código Penal del Estado de Jalisco, en su artículo 305, establece que por actos de crueldad o maltrato se imponen de seis meses a tres años de prisión y multas que van de 50 a 500 UMAS de multa (cuyo valor para 2026 es de 117.31 pesos).

Si el animal muere a causa de las lesiones, la pena puede aumentar hasta cuatro años de prisión. En teoría, los agresores de Valente y Felipe debieron enfrentar estas sanciones. En la práctica, esto no sucedió.

La violencia contra animales no es un hecho aislado. En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), de enero a octubre de 2025, de acuerdo a diversas solicitudes de transparencia, fueron sacrificados 5 mil 470 perros y gatos. En promedio, 18 animales fueron privados de la vida cada día durante estos meses.

Las cifras empeoran al observar años anteriores. En 2024 se registraron 7 mil 587 sacrificios, lo que significa que diariamente 20 perros y gatos fueron sacrificados. De 2020 a octubre de 2025 se contabilizaron 38 mil 049 sacrificios.

La propia ley antepone la adopción como forma de priorizar la vida de estos animales de compañía que fueron abandonados o que, simplemente, nacieron en situación de calle; sin embargo, durante 2024, únicamente 164 animales fueron adoptados, frente a los 7 mil 587 que fueron sacrificios. Es decir, sólo el 2% de todos los perros y gatos que llegaron a un centro de control animal logró ser adoptado.

Una de las razones es el corto tiempo de estancia que pasan los animales en dichos centros. En Tlajomulco, por ejemplo, el periodo es de dos a tres días. Una vez transcurrido ese plazo, no existe una segunda oportunidad para perros y gatos que fueron abandonados.

Maltrato, abandono se suman a leyes y presupuestos limitados

Durante el 2025 se registraron mil 988 reportes ciudadanos solicitando apoyo a las autoridades. En Tlaquepaque, durante 2024 y 2025, se asignó un presupuesto de dos millones de pesos, destinado a la promoción de servicios veterinarios, la gestión de la salud pública y el resguardo de animales bajo cuidado municipal.

La pregunta es si este presupuesto resulta suficiente para garantizar una segunda oportunidad.

Incluso refugios privados como El Refugio Buenos Chicos no pueden atender todos los casos: “Aquí solo apoyamos a los que realmente lo necesitan: atropellados, abandonados. Mucha gente se muda y deja al perro encerrado”.

El artículo 2 de la Ley de Protección y Cuidado Animal de Jalisco establece que los animales son indispensables para el desarrollo humano y deben recibir protección.

La ley señala que la protección se basa en la alimentación, el buen trato y la atención médica, y prohíbe cualquier acto que provoque sufrimiento. En ninguna circunstancia se permite el abandono en la vía pública o zonas rurales. Las dependencias municipales están obligadas a crear políticas públicas, promover la cultura del cuidado animal y sancionar a quienes violen la ley.

El Código Penal contempla sanciones de 20 a 80 jornadas de trabajo comunitario o multas de entre 2 mil 262 y 33 mil 942 pesos por agresiones sin resultado de muerte. En caso de provocar la muerte de un animal de forma intencional, la pena va de seis meses a tres años de prisión, con agravantes si hubo agonía.

Entre lo que dicta la ley y lo que ocurre en la realidad existe una brecha profunda.

Los casos de Felipe y Valente, dos desenlaces dispares

El Refugio Manchitas recibió una alerta urgente sobre Felipe:

“Dicen que mordió a un niño, pero había testigos de que el niño le pegó primero. El papá reaccionó apuñalándolo, le perforó el pulmón y le rozó el corazón”.

El caso no procedió. El agresor —trabajador de Aeroméxico— fue defendido por vecinos del coto. Se firmaron acuerdos de confidencialidad y las cámaras con evidencia fueron desechadas. Cuando el caso llegó ante un juez, se concluyó que no hubo brutalidad.

En el caso del maltrato cometido ca Felipe tuvo un cruel desenclase, pues tras cirugías de emergencia, su cuerpo no resistió. Al día siguiente quedó paralizado de la parte inferior.

Fue trasladado nuevamente a la veterinaria, pero su cuerpo ya estaba completamente paralizado y agonizante. Falleció mientras se esperaba la autorización de la Fiscalía para permitir su descanso. No hubo multa ni sanción para el agresor.

Valente también fue víctima de maltrato, pues como ya señalamos, este “sus dueños lo golpearon, le rompieron el cráneo y lo dejaron tirado”; sin embargo, a diferencia de Felipe, la ayuda que se le otorgó y el tipo de lesiones que sufrió le permitió seguir con vida y con la esperanza de poder encontrar una familia libre de una cultura que normaliza la violencia.

Lo que sí se mantuvo igual es que pese a tener identificados a sus dueños agresores, la ley no se aplicó y, en consecuencia, no hubo ni castigo ni multas.

Centros de control animal: más sacrificio que rescate

Uno de los cambios fundamentales de la Ley de Protección y Cuidado Animal de Jalisco es que convirtió a las llamadas “perreras” en Centros de Control Animal, este cambio fue fundamental para anteponer la adopción al sacrificio; sin embargo, para la preservación de la vida se necesitan recursos que no siempre se otorgan

Por ejemplo, los Centros de Control Animal de Tlajomulco y El Salto son de los que reciben menos recursos municipales en el AMG. Esta falta de inversión impacta directamente en el bienestar animal, pues no se tienen los espacios, ni los recursos para la compra de medicamentos y alimentos necesarios para prolongar la estancia de los perros rescatados.

Esta falta de recursos se traduce en que los animales tengan pocos días para ser adoptados; por ejemplo, en 2025 en los Centros de Control Animal de Guadalajara sólo se adoptaron en los últimos tres años: 419 animales. Esto a pesar de que en este municipio -al igual que en Zapopan- la estancia antes del sacrificio es de un mes.

¿Qué ocurre en otros municipios? En Tonalá, perros y gatos sólo pueden estar en los Centros de dos a cinco días; en Tlajomulco, cinco días, y en Tlaquepaque, de dos a tres.

Estas estancias cortas, sumadas a las pocas campañas de difusión para la adopción, provoca que los sacrificios roden el 97% de los casos, tal y como pasó entre 2020 y 2025, donde sólo se registraron mil167 adopciones frente a 38 mil 049 sacrificios. Apenas el 3% de los animales fueron adoptados.

Refugios y activismo: sostener lo que el Estado no cubre

Rehabilitar, cuidar y proteger animales no es sencillo ni económico. Refugios privados como Buenos Chicos o Manchitas sobreviven sin apoyo gubernamental.

Buenos Chicos, por ejemplo, alberga a más de 220 perros; Manchitas, a 87: “Aquí no tenemos apoyo del gobierno. Todo es por donaciones o del dinero de Fabiola. A veces ella pide prestado”, comparte uno de las personas voluntarias de este refugio.

Aunado a ello, tambiér persiste un problema educativo, pues la sociedad tiende a normalizar el abandono y el maltrato animal: “Los niños creen que un perro es un juguete”, señalan desde Buenos Chicos.

“Tener una mascota es un compromiso”, agregan desde el Refugio Manchitas, para quienes mientras no exista una educación en torno al cuidado animal, las cosas no van a mejorar.

Pues bajo esa misma idea de “regalar mascotas”, por ejemplo, tras las fiestas decembrinas crece el número de perros y gatos que son abandonados en la vía pública. El regalo encantador parece ser olvidado cuando se tienen que asumir sus labores de cuidado.

¿Qué pasa con estos animales? Una buena parte, no la mayoría, son restados por refugios o personas que fungen como “casa-puente” hasta que logran ser adoptados, pero esta noble labor con ella una fuerte inversión de recursos y trabajos, pues -como precisan Buenos Chicos y Manchitas- al perro o gato rescatado hay que darle atención médica, aplicarles vacunas y darles alimentación, además -obviamente- de darles cuidados, todo esto bajo el hospicio de quienes crean los albergues, los cuales logran mantenerse a través de donaciones solidarias.

Y es en estos refugios donde verdaderamente se garantiza la vida de perros y gatos, pues en ellos el único sacrificio que existe es el que hacen las personas para mantener a estas mascotas hasta poderles conseguir un hogar.

No son casos aislados

El caso de Felipe no fue una excepción ni un error aislado. Los datos oficiales, los testimonios de refugios y los expedientes que no avanzan confirmaron un patrón: la violencia contra animales en el Área Metropolitana de Guadalajara rara vez se investiga hasta sus últimas consecuencias. Las leyes existen, las sanciones están previstas y las autoridades responsables están definidas: lo que falla es su aplicación.

Mientras la Fiscalía archiva denuncias y los Centros de Control Animal operan con presupuestos limitados y tiempos de estancia mínimos, la carga del rescate y la atención recae en refugios privados que sobreviven con donaciones solidarias. En ese escenario, los agresores permanecen impunes y los animales continúan siendo sacrificados o abandonados.

La impunidad no solo perpetúa el maltrato, también evidencia una política pública insuficiente para garantizar la protección animal. La pregunta ya no es si existe un marco legal, sino cuándo se aplicará de forma efectiva y con seguimiento real. Cada expediente cerrado sin sanción abre la puerta a nuevos casos como el de Felipe y Valente, en una ciudad donde la crueldad animal sigue sin encontrar justicia.

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Este reportaje fue elaborado en la asignatura de Investigación Periodística de la Licenciatura en Comunicación Pública del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, a cargo del profesor Darwin Franco.