Los representantes señalaron que el adeudo ha sido heredado y postergado por sucesivas administraciones federale

Pablo Toledo/ El Occidental

Más de 170 comuneros de la Comunidad Indígena de Mezquitán han muerto a lo largo de 21 años de lucha sin recibir un solo peso por la expropiación de sus tierras, firmada desde 2004 para la ampliación de la carretera Guadalajara–Saltillo. Tan solo en lo que va de este año han fallecido nueve personas, la mayoría mujeres, sin que la federación haya cumplido con los pagos acordados, un hecho que la comunidad califica como una deuda histórica marcada por la omisión y el abandono institucional.


Ante este escenario, la comunidad indígena asentada en el municipio de Zapopan exigió a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) iniciar, antes del 15 de diciembre de 2025, los pagos por la ocupación de 26.93 hectáreas de tierras comunales. La fecha límite, subrayaron, cobra especial relevancia al coincidir con el “2025, Año de la Mujer Indígena”.


El reclamo es respaldado por más de 300 familias, integradas en su mayoría por mujeres y adultos mayores, quienes aseguran que el incumplimiento ha generado un daño social irreparable. Desde la firma de los convenios de pago, más de la mitad de los comuneros que entonces vivían han fallecido sin ver resarcido su patrimonio, lo que para la comunidad evidencia una justicia tardía que, en muchos casos, ya no alcanzó a quienes tenían derecho.


En un comunicado firmado por el Comisariado de Bienes Comunales, los representantes señalaron que el adeudo ha sido heredado y postergado por sucesivas administraciones federales, desde los gobiernos de Ernesto Zedillo hasta Enrique Peña Nieto.

Es una deuda que ha desgastado a nuestra comunidad y que se ha cobrado vidas, todo esto pese a existir sentencias judiciales firmes

La exigencia fue reiterada el pasado 13 de octubre durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde delegados de Mezquitán entregaron un escrito solicitando el pago justo. Esta acción se sumó a una entrega personal previa realizada dos meses antes, durante una visita de la mandataria a Jalisco, sin que hasta ahora se haya anunciado un calendario concreto para saldar la deuda.


Los comuneros sustentan su demanda en el Juicio Agrario 222/2017 del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 y el Recurso de Revisión 125/2022 del Tribunal Superior Agrario, que ordenan la indemnización con actualización de valores conforme a la Ley Agraria.


Recordaron que el 24 de septiembre, en el Centro SICT Jalisco, funcionarios federales presentaron una propuesta de pago que fue rechazada por no incluir dicha actualización ni apegarse a las sentencias.


En el ámbito legislativo, el 14 de octubre la Cámara de Diputados aprobó un Punto de Acuerdo, impulsado por el diputado jalisciense Alberto Maldonado Chavarín, que exhorta a la SICT a cumplir las resoluciones judiciales y efectuar la indemnización. La iniciativa fue respaldada por todas las fracciones parlamentarias, lo que, según la comunidad, confirma que no existen obstáculos políticos ni legales para ejecutar los pagos.


Los indígenas de Mezquitán advirtieron que desde hace más de 10 meses no hay impedimento administrativo para cumplir las sentencias y apelaron a las reformas constitucionales de febrero de 2024 en materia de derechos de los pueblos indígenas, así como a los artículos 17 y 27 de la Constitución.

Las mujeres, hombres y adultos mayores de Mezquitán expresamos nuestra molestia y enojo; muchos ya murieron esperando. El que abona pagar quiere; las deudas no se politizan