Tania Casillas/Mural
Guadalajara, México (03 diciembre 2025) .-05:00 hrs
El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció omisión de pruebas a un sospechosos del asesinato de Marcos Aguilar Rojas. Crédito: Grupo REFORMA
El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció que no se realizó prueba de residuos de disparo a uno de los sospechosos del asesinato del representante de la comunidad de San Lorenzo de Azqueltán, Marcos Aguilar Rojas, y de las lesiones a su hermano Gabriel, en hechos registrados el 26 de noviembre.
El análisis, sostuvo el organismo, debía aplicarse a Manuel «N», pero primero el defensor de oficio no lo permitió porque estaba inconsciente; la solicitud se presentó después ante el Juzgado, pero el administrador del Décimo Primer Distrito Judicial en Jalisco, con sede en Colotlán, Jorge Alonso Arellano Gándara, se negó a que se realizara.
«De manera ilegal, sin facultades jurídicas y actuando como protector de los agresores, rechazó con argumentos falsos la solicitud, retardando la investigación y evitando que se tomara la muestra, violando el derecho a la justicia e imposibilitando que la decisión se apelara, además de comprometer la eficacia del peritaje y privando a las víctimas de una prueba fundamental que dependía de la legal y pronta actuación de las autoridades», acusó el CNI.
Agregó que existen antecedentes de agresiones de Manuel «N», como golpear y amedrentar a personas para despojarlas de su tierra, realizar amenazas allanar viviendas.
El ataque a los hermanos Aguilar Rojas ocurrió en el Predio Comunal Caracol. Aunque la Fiscalía sostuvo que fue un pleito entre los dos afectados, el CNI aseguró que es el resultado de años de agresiones.
«Negarlo -como lo intentó hacer el fiscal del Estado de Jalisco, reduciendo todo a ‘problemas entre vecinos’- es participar en el crimen», agregó.
También acusó abusos por parte de agentes de la Fiscalía, quienes han amenazado a los comuneros.
El CNI pidió al Gobierno Federal un decreto presidencial que reconozca el territorio ancestral de la Comunidad Indígena de San Lorenzo de Azqueltán.
«Si el Gobierno quiere detener el derramamiento de sangre, que empiece por reconocer el territorio de quienes han habitado y defendido estas tierras desde tiempos inmemoriales», pidió.
