Expone que materiales como arena, grava, caliza y agregados pétreos no son opcionales 

Viridiana Saavedra/ El Occidental

La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Delegación Jalisco hizo público su rechazo al Impuesto sobre la Extracción de Materiales del Suelo y Subsuelo, incluido en el Proyecto de Ley de Ingresos 2026 de la entidad. 

A través de un comunicado que firma su presidente, Juan Manuel Chávez Ochoa, explicaron los motivos por los cuales se oponen como gremio constructor a la propuesta estatal.

Este ajuste tendría un efecto inmediato y altamente inflacionario sobre los costos de producción de la industria de la construcción

Expone que materiales como arena, grava, caliza y agregados pétreos no son opcionales y representa la base de toda obra pública y privada, desde la producción de concreto y asfalto hasta cimentaciones, urbanización, vivienda y equipamiento urbano.

Coincidieron en el cuidado ambiental y la remediación de suelos, así como en la necesidad de combatir la extracción irregular y sin responsabilidad ambiental que se registra en diversas zonas de Jalisco, que es el origen de la propuesta, según han expuesto autoridades estatales.

Sin embargo, invitaron a fortalecer los mecanismos de regulación y verificación para proteger el patrimonio natural de la entidad.

Proponemos que antes de aplicar un esquema de recaudación directa se establezcan las condiciones técnicas y operativas que permitan asegurar su correcta fiscalización

Su propuesta incluye realizar un censo estatal de bancos autorizados que permita identificar a los operadores regulares, determinar la base gravable real y sancionar con precisión a quienes operan la extracción sin controles ambientales adecuados.

Ademas, sugieren crear de certificaciones oficiales para bancos que cumplan con las normas ambientales, procesos de remediación y manejo adecuado del suelo, acompañadas de incentivos que premien el cumplimiento “en lugar de únicamente centrarse en quienes operan dentro del marco regulatorio”.

“Estas medidas permitirían no solo atender el problema de la explotación irregular, sino también fomentar la formalidad, elevar los estándares de operación y promover condiciones equitativas para las empresas que trabajan de manera responsable en Jalisco”.