PARLAMENTO. Los participantes llamaron a construida una ley de aguas desde la ciudadanía. (Foto: Especial)

por Miguel Ángel Vidal Preza

8 de Noviembre de 2025

Especialistas y defensores del derecho humano al agua coincidieron en que México enfrenta una omisión legislativa de más de una década y que la nueva ley general de aguas debe romper con el modelo de concesiones que ha permitido el acaparamiento y la mercantilización del recurso.  

Estas conclusiones se dieron en el marco del Parlamento abierto ciudadano sobre el agua en Jalisco, convocado por organizaciones y movimientos en defensa del territorio y la vida, y realizado este viernes en el Congreso de Jalisco.  

Rodrigo Gutiérrez Rivas, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), recordó que desde la reforma constitucional de 2012 el Congreso de la Unión está obligado a expedir una ley que garantice el derecho humano al agua, lo que no ha ocurrido en 13 años. Consideró que la propuesta actual de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), consistente en emitir dos leyes separadas, contradice la Constitución y mantiene intacto el esquema de concesiones que concentra el recurso en manos de grandes usuarios. 

Por su parte, Miguel Ángel Montoya, especialista en gestión hídrica y asesor parlamentario, advirtió que la iniciativa federal limita el carácter público de los servicios de agua y saneamiento, además de restringir la transparencia del Registro Nacional de Agua, lo que abriría la puerta a procesos de privatización encubierta.  

Propuso abrogar la actual Ley de Aguas Nacionales y sustituirla por un solo marco normativo que garantice el acceso equitativo, el uso sustentable y la gestión comunitaria del recurso. 

En tanto, Elena Burns, coordinadora nacional de Agua para Todos, Agua para la Vida, señaló que el nuevo proyecto de ley representa “un intento de perpetuar el despojo” mediante mecanismos como la reasignación de concesiones y el llamado Fondo de Reserva, los cuales podrían desplazar a comunidades rurales y ejidos. Además, llamó a que se reconozcan los derechos hídricos de los pueblos indígenas y a tipificar la contaminación del agua como un delito contra la salud, pues obligaría a los responsables a restaurar los ecosistemas afectados. 

Los especialistas coincidieron en que el país necesita una sola ley, construida desde la ciudadanía, que garantice el derecho humano al agua, la transparencia en la gestión y la participación directa de las comunidades en la toma de decisiones.