Las organizaciones denuncian que la propuesta mantiene el espíritu privatizador de la LAN

Pablo Toledo/ El Occidental

Ante la propuesta federal de las reformas a la Ley de Aguas Nacionales (LAN), organizaciones civiles y colectivos defensores del agua en Jalisco realizaron un posicionamiento mostrando su inconformidad pues advierten sobre el riesgo de privatización y la falta de cumplimiento del mandato constitucional de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento.

En conferencia de prensa realizada frente a las oficinas de la CONAGUA en Jalisco, representantes de la Coalición Mexicana de Organizaciones por el Derecho Humano al Agua (COMDA), la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, y la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, entre otras, expresaron su profunda preocupación por el contenido de la iniciativa.

Las organizaciones denuncian que, a pesar de la narrativa presidencial de eliminar la privatización y el acaparamiento del agua, la propuesta mantiene el espíritu privatizador de la LAN, aprobada en 1992 durante el auge neoliberal. Consideran que la iniciativa incumple el mandato constitucional de emitir una nueva ley general de aguas que regule el agua en todo el país.

«Lo que nos están presentando es mantener la Ley de Aguas Nacionales, que es una ley que se aprobó en 1992, en el auge de la etapa neoliberal y de las privatizaciones de los bienes naturales o de los bienes públicos», señalan los voceros de las organizaciones, apuntó María González, directora de Instituto de Desarrollo Comunitario A.C. (INDEC).

Las organizaciones advierten que la reforma propuesta podría generar un caos jurídico y dificultar la defensa de los derechos de las comunidades, al coexistir dos leyes que podrían entrar en conflicto. Exigen la abrogación de la LAN y la creación de una única Ley General de Aguas que regule el agua en todo México.

Además, demandan un parlamento abierto en el Congreso de la Unión para discutir y dictaminar las iniciativas de Ley General de Aguas, incluyendo la iniciativa ciudadana presentada desde 2020. Consideran fundamental que se escuchen las voces de los pueblos y comunidades afectadas por la gestión del agua.

Las organizaciones proponen cambiar el paradigma de gestión del agua, erradicando la privatización, la permisividad en la contaminación, y regulando adecuadamente el sistema de concesiones. Buscan una ley que represente a los pueblos y comunidades, y no a los intereses del mercado y el gran capital.

Las organizaciones civiles se mantienen en alerta y anuncian movilizaciones para defender el derecho humano al agua y exigir una ley que garantice su acceso equitativo y sustentable para todos los