Violeta Meléndez/Mural

Guadalajara, México (29 noviembre 2023) .-05:00 hrs

Un predio en una zona que corresponde a la ribera, en San Antonio Tlayacapan, fue escriturado en favor del político panista Jesús Arambul Solorio. Crédito: Jorge Rangel

Aunque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha justificado su inacción ante invasiones en el Lago de Chapala al señalar que en varios casos ya tienen escrituras, la ley le faculta para iniciar procedimientos que podrían derivar en prisión, multas y demolición de fincas para la recuperación del territorio.

Así lo explicó la directora del Instituto de Derecho Ambiental (Idea), Raquel Gutiérrez Nájera, quien sostiene que tanto la Conagua como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) pueden coordinarse para liberar la ribera debido a que la Ley de Aguas Nacionales lo instruye.

«La Conagua debe emitir un dictamen técnico donde se acredite que están invadiendo zona federal para iniciar un procedimiento administrativo, acudir al lugar con sus peritos y emitir una resolución donde declare que hay una invasión de bienes nacionales, de tales dimensiones, y diga que hay que demoler», indicó.

Además, señaló que dichos dictámenes deberán esclarecer si las zonas federales invadidas están concesionadas para revocarlas, incluso, sancionar el relleno del lago, que constituye un delito ambiental de carácter federal y se sanciona hasta con 10 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal Federal.

Gutiérrez Nájera aseguró que el hecho de que algunos invasores hayan conseguido escrituras no es garantía de que pueden conservar el territorio y lucrar con él, pues si la Conagua dictamina que es propiedad de la nación, puede instruir su baja.

«Aquí tanto Conagua como Profepa deben de actuar de manera coordinada, inclusive darle vista al Ministerio Público para que intervenga. Ya dictaminado, la Profepa debe pedir al Registro Público de la Propiedad que cancele las escrituras», sentenció.

«Me parece muy lamentable que ambas instituciones no estén protegiendo los bienes nacionales que son de todos, más en un lago tan importante por la dependencia hídrica que tiene la Ciudad de Guadalajara».

MURAL documentó ayer que el político panista Jesús Arambul Solorio obtuvo en 2021 escrituras de una zona que corresponde a la ribera y ya intentó vender para fraccionamiento; no obstante, en un recorrido por las delegaciones San Antonio Tlayacapan y Riberas del Pilar, en Chapala, se observaron letreros que ofrecen venta de lotes «escriturados» con vista al lago.

La Ley dice

Código Penal Federal
Artículo 420 Bis. Se impondrá pena de 2 a 10 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3 mil días multa, a quien ilícitamente: I. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos.