por Redacción/ntrguadalajara.com

 3 de Octubre de 2023, 18:20 –

(Foto: Especial)

Dueños de una tierra rica en minerales y recursos naturales, pero sin servicios públicos ni acceso a la salud; marginados, incomunicados y en la pobreza, viven integrantes de las comunidades nahuas de Ayotitlán, que ante el flagelo empresas mineras y criminales tienen que desplazarse a otro sitio.

El abogado Eduardo Mosquea, de la organización Tsikini, denunció que a los habitantes de esta comunidad se les viola todos sus derechos humanos.

Señaló que desde hace 40 años, cuando inició la instalación de las plantas mineras, las personas fueron desplazadas de su sitio de origen por la violencia y amenazas de las que son víctimas.

Pero cuando se emprenden acciones legales y alzan la voz, hay repercusiones. El abogado Eduardo Mosqueda recordó que en uno de los amparos de 2013, quien firmó el juicio fue golpeado y trasladado a Guadalajara para que desistiera de él, en este hecho participaron autoridades municipales.

“Lamentablemente todas las autoridades han sido omisas, de todos los niveles, municipales, estatales, federales, nosotros hemos solicitado desde hace tiempo amparos y con esos amparos, por ejemplo el 462 de 2013, que obtuvo de plano la suspensión de todas las autorizaciones y licencias, debido a la gran molestia que causaba este amparo, al compañero que había firmado este juicio, fueron a su casa por él, lo golpearon, inclusive, con participación de autoridades municipales y se lo llevaron a que desistiera, en los juzgados federales de Guadalajara”.

Insistió que ante la violencia, los habitantes de las comunidades indígenas nahuas de Ayotitlán se desplazan a Manzanillo, Colima, Guadalajara e incluso a Estados Unidos, en donde pasan de ser los dueños de la tierra a servir a otros.

Añadió que la presión y violencia contra los más de 18 mil habitantes de las comunidades nahuas de Ayotitlán no solo es ejercida por la industria minera sino por quienes explotan ilegalmente la madera y quienes captan los acuíferos.

Insistió que este problema debe resolverse de una manera integral, con la presencia de los secretarios de Estado y del presidente de la República, con acuerdos y sentencias que brinden justicia y seguridad. 

EH