por Agustín del Castillo/ntrguadalajara.com

 30 de Mayo de 2023, 06:00 

YA TIENE RATO. El tiradero ha sido un foco de contaminación y daño a la salud por casi 30 años. (Foto: Especial)

Los hechos que derivaron en el incendio de la semana pasada en el antiguo vertedero metropolitano de Coyula o Matatlán alertaron al presidente municipal de Tonalá, Sergio Chávez Dávalos, sobre la posible presencia de una actividad no permitida en un depósito de residuos cerrado, que además fue clausurado por la autoridad federal: la reintroducción de basura. Es por eso que la autoridad municipal ha determinado intervenir en el sitio para impedirlo.

“A partir del pasado jueves tomamos el vertedero de Matatlán con la responsabilidad directa de la Comisaría de Seguridad Pública de Tonalá. El día de hoy (ayer) estaremos notificando a la empresa Caabsa (concesionaria del servicio de recolección en Tonalá) para darle un plazo de 15 días para que se salga de Matatlán, ya no queremos que esté nada ahí, ni talleres ni mucho menos otras actividades”, dijo el primer edil.

Consideró que los elementos que dieron origen al evento de fuego deben generar suspicacias: “Cuando llegaron los elementos de nosotros, el día de los hechos, estaban varios pepenadores en una disputa, por algunos de los subproductos que se suelen aprovechar de los residuos, y a raíz de esa pelea se originó el incendio”, refirió.

Si realmente se estuviera respetando la clausura federal, no habría residuos a los cuales sacar provecho, continuó el alcalde. Ayer por la tarde su gobierno presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia formal para demandar una amplia investigación del suceso, pues encuentra demasiados indicios de actividades ilegales.

El vertedero es propiedad del Ayuntamiento de Guadalajara, que permite a la empresa Caabsa que lo use como depósito de maquinaria y taller. Lo que no está permitido es que funcione como vertedero abierto ni como estación de transferencia de basura y no hay ni licencia estatal ni giro municipal que les permita. La Policía local mantiene vigilados los accesos para garantizar que no llegue más basura.

UNA HISTORIA DE TRES DÉCADAS

El 17 de diciembre de 1994, el entonces Consejo Municipal de Guadalajara (que gobernaba desde la disolución del cabildo por el apresamiento del alcalde Enrique Dau Flores tras las explosiones del 22 de abril de 1992), presidido por Alberto Mora López, otorgó la concesión del servicio de aseo público en su modalidad de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos generados en el municipio de Guadalajara a la empresa Caabsa Eagle, SA de CV, hoy Caabsa Eagle Guadalajara, SA de CV. Dicha concesión quedó inscrita bajo la escritura pública número 4,590 registrada por Lorenzo Bailón Cabrera, notario público número 25 de Guadalajara.

En ese mismo instrumento el entonces Consejo Municipal de Guadalajara otorgó a la empresa, de manera provisional, el uso del supuesto relleno sanitario que operaba en Coyula, sobre el camino a Matatlán. En ese acto jurídico tanto el ayuntamiento tapatío como la empresa concesionaria acordaron las siguientes medidas:

Primero, el uso por parte de la concesionaria del vertedero Matatlán “en tanto se levantaba la medida de uso adecuado ecológico y socialmente del relleno sanitario Laureles”; segundo, “operar el vertedero Matatlán en apego a las normas ambientales vigentes; tercero, “la ejecución del plan de abandono de Matatlán para su regeneración integral (se pide que contemple su completo saneamiento y su correspondiente forestación), y cuarto, el mantenimiento, la reparación o reposición de los bienes entregados en comodato.

De todos estos compromisos y obligaciones del contrato original no existe evidencia física ni documental de su cumplimiento. Por el contrario, el vertedero ha sido un foco de contaminación y daño a la salud por casi 30 años.

jl/I