por Agustín del Castillo/ntrguadalajara.com

 24 de Mayo de 2023, 06:00 –

SIN ESCUCHAR. Los habitantes de Cuautla aseguran que el Estado mexicano se ha mantenido al margen del despojo. (Foto: Especial)

En enero de 2021, un visitante de Tecolotlán les advirtió a los propietarios de un rancho en Cuautla, al oeste de Jalisco, que si no negociaban su rancho, “se los dan, se los venden o les quitan todo”. A partir de entonces, las llamadas no cesaron en sus teléfonos. El presunto abogado emitía amenazas y luego, solo se justificaba como “recadero”.

Allí empezó el via crucis de estos pequeños propietarios jaliscienses. El Estado mexicano, pese a múltiples denuncias y trámites, se ha mantenido al margen de una acción de despojo que fue concretada pocas semanas después de la primera amenaza. Es por eso que existe ya la petición SEM-23-006, denominada Tala ilegal en Jalisco, en la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) de América del Norte, que determinará antes del 16 de junio si abre expediente y solicita al gobierno mexicano una respuesta puntual del problema. 

De acuerdo a la descripción de hechos que contiene el expediente, el 27 de enero de 2021, los agraviados acudieron al agente del Ministerio Público del fueron común de Ayutla, un municipio colindante, “con la finalidad de formular denuncia por amenazas de personas que pretenden por la fuerza les vendamos fracciones o la totalidad de nuestro predio […] a fin de talar todo el arbolado, cambiar el uso de suelo forestal y dedicarlo a cultivo de aguacate”. La denuncia quedó registrada, pero nada se resolvió: el 26 de febrero, otra persona de Ayutla los buscó y les advirtió que si no vendían, tomarían posesión de sus tierras.

El 9 de abril, “nos presentamos ante la misma agencia del MP, a fin de formular nueva denuncia, ahora por despojo, toda vez que el día anterior fuimos a nuestro predio y no pudimos ingresar ya que habían colocado alambrado nuevo de púas de cuatro hebras y postes de madera en la colindancia […] alterando la superficie original de nuestro terreno, restándole aproximadamente 59 hectáreas…”.

El 27 de julio de 2021, se amplió la denuncia penal: “…había gente armada realizando diversas acciones sin nuestra autorización […] al llegar al predio corroboramos que gente desconocida había quitado el alambrado antiguo y puesto uno nuevo que instalaron modificando los linderos originales y reduciendo la superficie la superficie original del predio, cortando y talando árboles, quemando vegetación y extrayendo madera con maquinaria y camiones…”.

El 3 de agosto comienzan los tortuosos trámites en el sector ambiental: una denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

“El sábado 28 de agosto llegó a nuestra casa una persona […] quien nos manifestó su interés en comprar los terrenos que comprenden el predio; en la plática le aclaramos que 59 hectáreas del predio ya habían sido invadidas por personas extrañas”, la sorpresa es que el “comprador” aseguró que esos terrenos eran de él se los había comprado justamente a los agraviados.

El 7 de septiembre entregaron evidencias a la Profepa y la delegación de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales). El 22 de septiembre le entregan evidencias de delitos ambientales para producir aguacate que podía llegar al mercado de Estados Unidos, a la representación diplomática de ese país. También entregaron expedientes en las oficinas de atención ciudadana de la presidencia de México. Ese día, la Profepa empezó a requerir detalles “absurdos” para alargar el tiempo de visita al predio que era saqueado.

“El 16 de noviembre del 2021, se presentó en la Delegación de la Profepa, dentro del plazo que establece la ley, un escrito mediante el cual realizamos diversas observaciones en relación con la irregular visita de inspección practicada por esa dependencia al predio de nuestra propiedad, en la que no impuso la obligada clausura o suspensión de las actividades ilegales que se estaban realizando como tampoco inmovilizó la maquinaria y/o transportes que se encontraban en el lugar, solicitando se corrigiera el procedimiento y le diera la participación que correspondiera al Ministerio Público por los delitos ambientales que se pudieran configurar, sin que a la fecha hayamos obtenido respuesta favorable y concreta al respecto…”.

15 de diciembre de 2021; 13 de enero, 23 de febrero, 28 de febrero, 1 de marzo, 2 de marzo, 7 de marzo, 9 de marzo, 22 de marzo, 28 de marzo, 5 de abril, 11 de abril, 13 de mayo, 26 de julio, 6 de septiembre, 17 de octubre, 31 de octubre, todos de 2022; 28 de enero, 13 de febero, 20 de febrero, 27 de marzo, de 2023. Son fechas de trámites, correos electrónicos, llamadas telefónicas, oficios que van y vienen… pero nadie alteró la pacífica violencia de los invasores del bosque.

“…las actividades ilícitas hechas oportunamente de conocimiento de las diversas autoridades nacionales mexicanas correspondientes, no han impedido la continuación de tales hechos, introduciendo así en el mercado nacional y posiblemente extranjero, tanto madera como eventualmente y de madera mediata, aguacates ilegales y procedentes del estado de Jalisco, promoviendo de tal manera ya el surgimiento o acrecentamiento del lavado de dinero y el financiamiento de bandas criminales, la violencia en el país y en el extranjero”, por lo que se acuden a la instancia multinacional, pues estos hechos entrañan violaciones al tratado comercial. 

Los rancheros de Cuautla, en el poniente de Jalisco, esperan, así, que la justicia que se les ha negado por dos años en México, les llegue de fuera.

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