por Redacción / ntrguadalajara.com

 16 de Mayo de 2023, 17:59 –

(Foto: Jorge Alberto Mendoza)

Debido a que están atentando contra sus derechos de libre tránsito y manifestación, las diputadas de Futuro, Susana de la Rosa y de Hagamos, Mara Robles, y la regidora tapatía de Morena, Candelaria Ochoa, pidieron que se retire a la policía que estableció un cerco en la calle Mariano Azuela.

También denunciaron el hostigamiento que hay contra los vecinos porque les exigen la credencial de elector para pasar a sus casas y piden se establezca el diálogo con los vecinos.

Ochoa mencionó que no les han explicado a los vecinos para qué necesitan el colector en medio del parque San Rafael, y la única explicación es que Grupo San Carlos lo necesita por los 13 edificios en la zona.

De la Rosa acusó que no hayan tomado en cuenta el exhorto cuando lo hizo el Poder Legislativo con todas las fuerzas políticas menos Movimiento Ciudadano y pidió el retiro de la policía por violentar a las personas que defienden el medio ambiente.

«Que el gobierno del Estado retire los elementos policíacos de la zona cosa que no han hecho y eso ya se puso en el exhorto y se aprobó por la mayoría del Congreso», afirmó.

Robles señaló que el colmo fue el hostigamiento con la colocación de las vallas con las que han encerrado a los vecinos.

«¿De qué otra manera podemos declarar esto? sino como un estado de sitio real, que no ha sido aprobado por ninguna autoridad legal. Yo quiero decirles que es gravísimo que una vez que se aprobó un punto de acuerdo firmado por la mayoría de las y los diputados y la respuesta de las autoridades en lugar del diálogo sea la represión», aseveró 

Una de las vecinas, Leticia López, aclaró que llevan 33 años viviendo en la zona y están siendo agredidas porque les sacaron a la fuerza los vehículos en la calle cerrada y acosados con las vallas que se colocaron.

Resaltó que hasta el momento nadie se ha responsabilizado de los posibles daños que sufran por esta obra en sus casas.

«Nadie nos ha garantizado quién se va hacer cargo de las afectaciones (…) estás casas son frágiles y queremos que quede constancia de ello, pueden venirse abajo «, afirmó.

Indicó que han pedido diálogo con el Siapa para ver este tema y no ha habido respuesta y comentó que el equipo de socialización llegó al igual que las vallas y los elementos de seguridad.

Aclaró que no merecen este dispositivo de seguridad si que más cuiden y las protegen y si todo fuera legal no necesitarían este dispositivo.

Tanto diputadas como vecinas acusaron que a pesar de las suspensiones judiciales a su favor y el exhorto del Congreso local de retirarse la policía no fueron escuchadas.

Otra vecina Alicia acusó que no pudo regresar ayer a su casa después de ir a un mandado y tuvo que quedarse con su hermana a dormir porque la credencial de elector se quedó en su casa y no la dejaron pasar por ese motivo.

Ochoa comentó que se encontraron con personal de Derechos Humanos estuvo en la zona y que desde 2017 piden diálogo sin ser escuchadas.

Raquel Gutiérrez Nájera, apoderada legal del caso, confirmó que la obra no

fue socializada en la colonia y que se desconocen los efectos que la obra tendrá en los mantos acuíferos que nutren el arbolado.

Después anunciarán la fecha en la que las vecinas irán al SIAPA en compañía de las diputadas con los puntos de acuerdo en mano para exigir rendición de cuentas.