por José Toral* / ntrguadalajara.com

 18 de Abril de 2023, 06:00 –

PENDIENTES. En la administración municipal de Enrique Alfaro se estableció que el desarrollador de Iconia entregaría diversas obras de contraprestación a cambio del terreno, pero varias siguen sin concluir. (Foto: Jorge Alberto Mendoza)

El traspaso del predio donde se construye el desarrollo inmobiliario Iconia no tuvo el aval del Ayuntamiento de Guadalajara. Las dos empresas que participaron en la transacción modificaron el fideicomiso en el que estaba depositado el inmueble sin la intervención del Municipio a pesar de que estaba expresamente prohibido.

En 2012, Puerta de Guadalajara, filial de la empresa española Mecano, vendió a Operadora Hotelera de Salamanca (OHS) los derechos que adquirió sobre el fideicomiso creado por el Ayuntamiento de Guadalajara en 2008 para el proyecto Puerta Guadalajara. En él fue depositado el terreno de más de 13 hectáreas ubicado en Periférico y la calzada Independencia.

Esto puede confirmarse en el contrato de cesión de derechos celebrado el 22 de febrero de 2012 entre ambas empresas.

El documento, del que El Diario NTR Guadalajara tiene una copia, fue inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio y fue validado por el notario público número 17 de Tlaquepaque, Agustín Ibarra García de Quevedo, en un acto al que sólo asistieron representantes de las dos empresas involucradas y el Banco Interacciones –es administrador del fideicomiso–, es decir, no contó con la autorización ni participación del gobierno municipal.

“Es fraude, porque el fideicomiso no podía permitir eso, entonces van contra el fideicomiso”, advirtió uno de los abogados involucrados en la creación del convenio original de 2008. Entrevistado por este diario, solicitó el anonimato por temor a represalias.

Según la escritura pública, la transacción fue por 12 millones 679 mil 300 pesos, monto que OHS pagó a Puerta de Guadalajara a cambio de sus derechos sobre el fideicomiso y el terreno donde se construye el Distrito Iconia; sin embargo, esa compra-venta estaba prohibida por el convenio original, firmado en 2008 por el entonces alcalde panista Alfonso Petersen Farah.

“PUERTA GUADALAJARA no podrá, sin el consentimiento expreso y por escrito del AYUNTAMIENTO, transmitir las obligaciones que asume frente al AYUNTAMIENTO y las que para la misma se derivan del FIDEICOMISO”, señala la cláusula décima octava del convenio original, por lo que Puerta de Guadalajara no podía traspasar sus derechos. Únicamente podía transmitir las obligaciones mediante una previa autorización del Municipio.

El abogado consultado señaló que la transacción podría considerarse fraudulenta y citó el Código Penal del Estado, que señala que comete fraude el que “engañando a alguno o aprovechándose del error en que éste se halle, se haga ilícitamente de una cosa o alcance un lucro o beneficio indebido, para sí o para otro”.

Para el jurista, la empresa Puerta de Guadalajara estaba impedida de transmitir sus derechos sobre el predio, pues además de la falta de autorización municipal, nunca pagó las contraprestaciones a las que estaba obligada.

QUÉ ESTABLECÍA EL ACUERDO INICIAL

El convenio original establecía que Puerta de Guadalajara debía invertir 65 millones de dólares en contraprestación. El recurso se distribuiría en la construcción de obras públicas y un desarrollo habitacional y comercial privado como una forma de detonar el crecimiento al norte de la ciudad.

A cambio, la empresa española recibía licencias gratuitas como prestación y la parte privada del predio de 13 hectáreas que el gobierno municipal originalmente compró para un parque y que terminó entregando a la compañía.

Al no haber cumplido con lo conveniado debió darse la extinción del fideicomiso creado con el Banco Interacciones y regresar el terreno a la propiedad municipal.

“Ésta es la clave: aquí había una prestación y una contraprestación, todo lo sucedido es un intento de fraude para apoderarse sin pagar, porque, ¿cómo transmites sin pagar? Ese es precisamente el supuesto de fraude”, reafirmó el abogado, quien agregó: “Es fraude, la fiduciaria (Banco Interacciones) tiene que responder, no hay más, todo lo sucedido es ilegal”.

A pesar de ser irregular, la maniobra fue inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio en noviembre de 2012. Años después, el gobierno municipal avaló el movimiento prohibido y, a decir del abogado, fraudulento.

DOBLE AVAL

Fue en la sesión del 16 de agosto de 2016 cuando el Ayuntamiento de Guadalajara aprobó la cesión de derechos fideicomisarios, lo que permitió que el entonces alcalde y hoy gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, firmara un nuevo convenio con OHS.

Pese a que durante la sesión de cabildo se advirtió que la cesión de derechos que vendió Puerta de Guadalajara a OHS era irregular, votaron a favor los entonces regidores de Movimiento Ciudadano (MC): Marco Valerio Pérez Gollaz, Miriam Berenice Rivera Rodríguez, José Manuel Romo Parra, María Teresa Corona Marseille, Enrique Israel Medina Torres, María Guadalupe Morfín Otero, Rosalío Arredondo Chávez, María Eugenia Arias Bocanegra, Juan Francisco Ramírez Salcido, María Leticia Chávez Pérez y Marcelino Felipe Rosas Hernández. También la avaló la síndica Anna Bárbara Casillas García y el alcalde Enrique Alfaro Ramírez.

La decisión también fue respaldada por los regidores priístas Sergio Javier Otal Lobo, Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes, Jeanette Velázquez Sedano y Ximena Ruiz Uribe. El edil del Verde Ecologista de México (PVEM) Bernardo Macklis Petrini también la avaló.

Del pleno del ayuntamiento sólo se abstuvieron la regidora priísta María de los Ángeles Arredondo Torres y los ediles panistas Juan Carlos Márquez Rosas y Alfonso Petersen, ex alcalde que firmó el convenio original de 2008 y quien advirtió durante la sesión que la cesión de derechos era irregular.

“El presente acuerdo tiene un vicio de origen (…) nace una infracción al propio acuerdo que emitió este Ayuntamiento de Guadalajara por parte del concesionario de transferir los derechos del fideicomiso a otra empresa, sin haber tenido la autorización del Ayuntamiento de Guadalajara”, alertó Petersen Farah durante la sesión que finalmente avaló la operación.

Durante la discusión, el entonces alcalde Enrique Alfaro afirmó que el nuevo convenio garantizaba que las obras de contraprestación que la empresa OHS debía realizar a cambio del terreno estarían finalizadas al terminar su administración municipal, en 2018.

“Estableciendo con toda puntualidad los plazos para la ejecución de estas obras, 66 por ciento de las obras se estarían ejecutando en un plazo de 18 meses y el 34 por ciento restante en un plazo no mayor de 24 meses a partir de la suscripción de este convenio, es decir, antes de que termine esta administración tendrían que estar ejecutados los 688 millones de pesos, como una de las cláusulas específicamente establecidas en el ajuste de proyecto de convenio”, afirmó Enrique Alfaro.

Casi siete años después de esa declaración, siguen sin ser entregadas todas las obras prometidas.

El “fraude” fue validado por:

El acuerdo entre Puerta de Guadalajara y OHS fue validado en 2016 por el entonces alcalde de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez; la síndica, así como por los siguientes regidores de Movimiento Ciudadano (MC), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM)

Movimiento Ciudadano

  • María Eugenia Arias Bocanegra
  • Rosalío Arredondo Chávez
  • María Leticia Chávez Pérez
  • María Teresa Corona Marseille
  • Enrique Israel Medina Torres
  • María Guadalupe Morfín Otero
  • Marco Valerio Pérez Gollaz
  • Juan Francisco Ramírez Salcido
  • Miriam Berenice Rivera Rodríguez
  • José Manuel Romo Parra
  • Marcelino Felipe Rosas Hernández

PRI

  • Sergio Javier Otal Lobo
  • Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes
  • Ximena Ruiz Uribe
  • Jeanette Velázquez Sedano

PVEM

  • Bernardo Macklis Petrini

*Colaboración especial