por Lauro Rodríguez/ntrguadalajara.com

 10 de Abril de 2023, 12:25 –

SSE. La RJDH y el Caanta reprocharon que Santiago Flores no esté protegido por la Secretaría de Seguridad. (Foto: Archivo | Cuartoscuro)

El Consejo Autónomo de Autoridades Nahuas Tenamaxtla (Caanta) de la comunidad indígena de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, y la Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) denunciaron una nueva agresión contra los comuneros.

A través de la red, el Caanta narró que este domingo Santiago Flores Ciprián, presidente del consejo, fue agredido a golpes por intentar detener una tala clandestina en la población de Tierras Negras.

“A las 3 de la tarde (los taladores entraron) al potrero conocido como El Ginjirbito, al lado norte de la localidad. Entraron a cortar árboles en madera viva, como lo es el roble; (el comunero) fue y les llamó la atención, y de regreso en el patio de su casa salieron y lo golpearon. Le dijeron que si no dejaba las tierras a la buena, sería a la mala y se le fueron a golpes en la parte de la nuca”, informó la RJDH.

El Caanta y la RJDH afirmaron que el ataque es una más de las acciones con las que se busca expulsar al líder de la comunidad y a su familia de la zona.

De la agresión responsabilizaron directamente al ejido Ayotitlán y por omisión culparon al gobierno municipal y al estatal, pues debían dotar de seguridad al comunero.

“El año pasado la Segunda Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) dictó dos medidas cautelares a su favor para que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado lo protegiera de estos actos y maleantes que se hacen pasar por únicos dueños de las parcelas de Santiago y su familia”, recordó la red.

Tanto el Caanta como la RJDH exigieron que la Fiscalía del Estado proteja a Flores Ciprián, pues temen que la agresión se vuelva a repetir dado que debe realizar actividades de campo para preparar las tierras del potrero previo a la siembra anual.

Las agresiones contra la comunidad indígena de Ayotitlán se intensificaron en 2022 a raíz de una visita de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el cual llevó un módulo móvil para que los habitantes pudieran interponer quejas por violaciones a derechos humanos.

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