A tres años de que se anunciara convenio con Conagua para dar a Jalisco atribuciones para castigar descargas, el acuerdo sigue sin firmarse. Foto: Archivo

Violeta Meléndez/Mural

Guadalajara, México(29 marzo 2023).- A tres años de que el Gobernador Enrique Alfaro anunció firma de convenio con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para entregar a Jalisco atribuciones de inspección y sancionar descargas irregulares, el acuerdo sigue sin firmarse pese a la presión civil de sanear el Río Santiago.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), este miércoles se reunió un grupo técnico de inspección de descarga de aguas en el Santiago donde participaron los municipios involucrados, el Estado y la Federación, pero aún sin concretar dicho acuerdo.

«Durante la reunión se mencionó que ya se realizaron visitas técnicas a unidades económicas en materia de inspección y vigilancia para verificar sus descargas de aguas residuales por parte de personal municipal de Tonalá, El Salto y Zapotlanejo, en acompañamiento con inspectores e inspectoras de la Proepa», señaló sobre la colaboración local.

«Se pretende extender este convenio de colaboración, que se tiene entre los dos órdenes de gobierno, con la Federación, incluyendo en éste a la Conagua, con el objetivo de fortalecer las acciones para inhibir la contaminación por descargas de aguas residuales a cuerpos receptores y bienes nacionales (…) esta atribución es exclusiva de la Conagua».

En febrero de 2020, cuando el Gobernador realizó una Macroexcursión por el Río Santiago para anunciar el programa de saneamiento, adelantó que ya había diálogos con la Federación para concretar dicho convenio y entrar, desde el Estado, a inspeccionar y sancionar descargas a cauces federales, lo cual sigue sin lograrse.

Esta situación se planteó debido a que la Conagua tiene apenas tres inspectores para todo Jalisco, lo cual es insuficiente para revisar el cumplimiento de los giros que son usuarios del agua y generan desechos peligrosos en los cauces.

Si bien el Gobierno del Estado tiene atribuciones limitadas en materia de inspección hídrica, sí tiene facilidad para reportar a la autoridad federal posibles incumplimientos por parte de empresas para que realice las diligencias correspondientes.

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