por Sonia Serrano Íñiguez / ntrguadalajara.com

 12 de Enero de 2023, 06:00 –

EN CONSTRUCCIÓN. Este miércoles NTR visitó el predio donde se ubicará Iconia y detectó que hay varias obras en proceso. (Foto: Jorge Alberto Mendoza)

El Ayuntamiento de Guadalajara solapó las violaciones al convenio que firmó en 2008 con la empresa Mecano para el proyecto Puerta Guadalajara, así como el incumplimiento de las obligaciones asumidas por la compañía y Operadora Hotelera Salamanca (OHS), constructora con la que el Municipio acordó la realización de Iconia el 9 de diciembre de 2016. Tanto en el primer convenio como en el segundo los plazos se vencieron para las obras de contraprestación, pero no se aplicaron sanciones.

Tanto en el convenio marco como en el contrato de fideicomiso irrevocable 7198, ambos del 10 de noviembre de 2008, se estableció expresamente que las obligaciones que asumió la empresa Mecano, ya en ese momento bajo la razón social Puerta Guadalajara, a cambio del predio donde se ejecutaría el desarrollo inmobiliario, no podían transmitirse.

La propiedad del predio, ubicado en el cruce de la calzada Independencia y el Periférico, según ambos documentos, de los que El Diario NTR Guadalajara tiene una copia, quedó depositada en un fideicomiso, mientras que Puerta Guadalajara recibió únicamente la “posesión jurídica y material”. Originalmente el terreno, adquirido en los años 80, se iba a destinar a un parque.

El fideicomiso estaba integrado por Banco Interacciones, SA de CV, Grupo Interacciones División Fiduciaria, como fiduciario; y Puerta Guadalajara y el Ayuntamiento de Guadalajara como fideicomitentes. Esto significa que el Municipio mantenía los derechos sobre el inmueble, situación que no ha sido modificada o, por lo menos, no en documentos públicos.

En la cláusula décimo tercera del contrato del fideicomiso se establece “Puerta Guadalajara no podrá, sin el consentimiento expreso y por escrito del ayuntamiento, transmitir las obligaciones que asume frente al ayuntamiento”. Esta misma restricción se estableció en el convenio marco.

A pesar de la prohibición expresa, Puerta Guadalajara transmitió las obligaciones y derechos que tenía en el fideicomiso a OHS el 22 de febrero de 2012, según se desprende de los antecedentes descritos en el convenio modificatorio de diciembre de 2016.

Pese a la transmisión de los derechos del terreno y el no cumplimiento de la obligación de realizar obras públicas por el equivalente a 65.5 millones de dólares (mdd), el Municipio tapatío no actuó. Esta situación prevaleció durante los gobiernos municipales de los priistas Jorge Aristóteles Sandoval Díaz y Ramiro Hernández García.

Las autoridades tampoco hicieron efectivas las sanciones que se establecieron en el convenio de 2008, que permitían un castigo de 0.5 por ciento sobre el costo total de las obras por cada trimestre de retraso. El plazo de entrega que tenía Puerta Guadalajara iba de los 12 a los 48 meses a partir de la firma del convenio, es decir, a partir del 10 de noviembre de 2008.

El Municipio tampoco aplicó la sanción de requerir el valor total de la inversión, de 65 millones 534 mil dólares, en caso de que ninguna obra se entregara, como fue el caso.

NUEVO GOBIERNO, NUEVAS FALTAS

En 2016, durante el gobierno municipal de Enrique Alfaro Ramírez, se emprendieron acciones legales por el incumplimiento de las obligaciones de Puerta Guadalajara; sin embargo, en diciembre de 2016 se modificó el convenio original para validar la transmisión irregular de obligaciones de Puerta Guadalajara a OHS.

En ese convenio, firmado por Enrique Alfaro como alcalde; Enrique Ibarra Pedroza como secretario general; Anna Bárbara Casillas García como síndica, y Juan Partida Morales como encargado de la Hacienda municipal, se sustituyeron las acciones que debían emprenderse a cambio del terreno y el Municipio se comprometió a desistirse de las acciones legales emprendidas.

El convenio, sin embargo, no cambió las condiciones del predio, cuya propiedad se mantiene en el fideicomiso, del cual forma parte como fideicomitente el Ayuntamiento de Guadalajara. Como parte del acuerdo a OHS se le entregó el “uso y disfrute” de una fracción denominada A, que es la parte del terreno donde se desarrollarán las obras privadas.

En la nueva lista de obligaciones se establecen nuevas obras por el mismo monto que se había fijado en 2008, sin actualizar el tipo de cambio del dólar ni la inflación acumulada a pesar que el convenio marco sí señalaba que “con base en la tasa de interés inflacionario emitida por el Banco de México se calculará el valor futuro de las obras al momento de la entrega formal de éstas”.

En el acuerdo alcanzado en la gestión municipal de Enrique Alfaro se estableció que OHS tenía 18 meses para entregar 66 por ciento de los proyectos y 24 meses para el 34 por ciento restante. Todo a partir de la firma del convenio, es decir, diciembre de 2016.

En ese convenio también se reiteraron las sanciones que se fijaron en el acuerdo de 2008 en caso que las obras no se entregaran a tiempo. Los plazos se vencieron, pero, nuevamente, el ayuntamiento tapatío no actuó.

Además, pese a los incumplimientos, OHS vendió en noviembre de 2017 el predio a Hoteles Riviera Deluxe por el monto de 500 millones de pesos (mdp).

OHS niega incumplimiento

Aunque a Operadora Hotelera Salamanca (OHS) ya se le vencieron los plazos para entregar una lista de obras públicas a cambio del predio donde se construye el desarrollo inmobiliario Iconia, tanto ella como Hoteles Riviera Deluxe negaron que hayan incumplido con sus obligaciones.

A través de un comunicado de prensa enviado por el corporativo de abogados Navarro, Medina & Castro solicitando derecho de réplica, ambas aseguraron que “es falso que existan incumplimientos por parte de cualquiera de las empresas ofendidas respecto a los proyectos a desarrollarse en relación con el inmueble del delito comprometido”.

Las empresas no ofrecen detalles sobre las obras realizadas, cuyos plazos se fijaron en 18 y 24 meses a partir de la firma del convenio modificatorio, es decir, diciembre de 2016.

El comunicado se emitió para fijar su postura en torno a la denuncia que presentaron en contra de Javier Armenta, Iván Cisneros y Alexis Rojas, tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) que fueron enviados a prisión preventiva por seis días por participar en una ocupación del predio de Iconia en 2021.

Las compañías reiteran también en el texto que se trata de un predio privado y que ellos tienen la posesión desde 2012. Sonia Serrano Íñiguez 

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