• El Gobierno de Jalisco plantea destinar el 3.5% del Presupuesto para el Río Santiago a la atención de males provocados por el cauce. Foto: Archivo

Violeta Meléndez/ Mural

Guadalajara, México(11 noviembre 2022).- A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió a atender la salud de quienes padecen enfermedades por la contaminación del Río Santiago, el Gobierno de Jalisco planea destinar a ese fin solamente el 3.5 por ciento del presupuesto 2023 etiquetado para la recuperación de dicho cauce.

Es decir, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto de Egresos 2023, de los mil 190 millones de pesos destinados al anexo transversal de atención al Río Santiago, únicamente 42 millones de pesos los ejercerá la Secretaría de Salud para programas en la zona.

Específicamente, en el proyecto de presupuesto se etiquetan apenas 4 millones 326 mil pesos para prevenir, detectar y controlar enfermedades asociadas a la contaminación del río, lo cual ha sido también recomendado por la Comisión Estatal y Nacional de Derechos Humanos.

Mientras que el mayor monto, 38 millones 75 mil pesos, se destinará a la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coprisjal) para realizar acciones de inspección y vigilancia en establecimientos de competencia estatal.

Sin embargo, en las medidas cautelares que emitió la CIDH el 7 de febrero de 2020, y por las cuales el Gobernador Enrique Alfaro acudió a Washington el 20 de octubre para presentar avances, solicita intervención para la salud de los afectados.

«Brindar un diagnóstico médico especializado para las personas beneficiarias, teniendo en cuenta la alegada contaminación, proporcionándoles asimismo una atención médica adecuada en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales aplicables», instruye la CIDH en su medida cautelar.

«En los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el Municipio de Poncitlán, Estado de Jalisco, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable», señala.

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