Pronunciamiento 

A través de las medidas cautelares que emitió el 5 de febrero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado mexicano a adoptar las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud los pobladores de las zonas hasta 5 kilómetros del Río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán, Estado de Jalisco. Dichas medidas incluían el deber de proporcionar un diagnóstico médico especializado, atención médica adecuada y mitigar las fuentes de riesgo para la población indicada. 

La CIDH notó expresamente que, hasta entonces, la respuesta del Estado con relación a esas fuentes de riesgo había girado en torno a la construcción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), aunque “no son medidas idóneas para la contaminación producida como consecuencia de residuos industriales”. Dar cuenta del estado y las condiciones de operación de las PTAR es un punto clave para entender la debilidad e insuficiencia de las respuestas hasta ahora de los tres niveles del gobierno mexicano frente a estas medidas cautelares, incluyendo la estrategia del gobierno de Jalisco, denominado Revivamos el Río Santiago.

Las PTAR municipales son insuficientes para atender la problemática de salud ambiental en la cuenca por varias razones: en muchos casos no tratan el 100% de las aguas residuales de las localidades en las que se encuentran instaladas, sea porque supera su capacidad de diseño, porque se requiere la construcción o conexión de colectores o porque reciben descargas no domésticas que no cumplen con las características necesarias para ser procesadas por la PTAR. 

Además, no está garantizado su funcionamiento en el mediano plazo. Tanto las PTAR rehabilitadas como las de nueva construcción están siendo operadas actualmente por empresas contratadas por el gobierno de Jalisco o por la Comisión Estatal del Agua (CEA), aunque sin certeza de su continuidad. Si se entregan a los municipios -responsables del tratamiento de sus aguas residuales-, corren el riesgo de ser abandonadas nuevamente o ser operadas de manera deficiente, dados sus altos costos de operación que sobrepasan los presupuestos municipales y no existe un plan específico para que esto no suceda. 

A pesar de los casi miles de millones de pesos invertidos en construir o rehabilitar PTAR’s en la cuenca, las mejoras en la  calidad del agua del río Santiago son prácticamente imperceptibles, de acuerdo con los propios datos de la CEA del monitoreo que realizan: la gran mayoría de puntos de muestreo presentan una calidad del agua mala o muy mala según su Visor Río Santiago, además de no ser datos transparentados mes con mes como fue anunciado en un inicio. 

No cabe duda que el tratamiento de aguas residuales es una parte de la atención de la problemática de salud tan compleja como la que atraviesa la cuenca; sin embargo, se requieren acciones urgentes complementarias que recaen en el gobierno estatal y municipales. En ese sentido, no se declaran ni se observan acciones para controlar las fuentes industriales de contaminación, como se presumió en 2020 durante el macro recorrido.  Tampoco hay indicios de la reconversión productiva que el gobernador anunció en Washington;  al contrario, en el territorio de la cuenca continúa la expansión de parques industriales, en particular en las zonas de mayor contaminación del río Santiago: en la cuenca El Ahogado y en Poncitlán. Es irrisorio que el presidente municipal de El Salto presuma como un avance en materia ambiental la atracción de capital para corredores  industriales logísticos. 

Se han omitido en los informes del Gobierno del Estado otros tipos de fuentes fijas de contaminación que existen, como son los basureros municipales y metropolitanos que escurren lixiviados tóxicos a los mantos freáticos y hacia arroyos que terminan en el río Santiago, principalmente Picachos y Hasar’s que operan oficialmente, Los Laureles y Copala que a pesar de estar cerrados siguen segregando contaminantes, así como Matatlán, que opera ilegalmente como vertedero a cielo abierto a pesar de tener permitido hacerlo únicamente como planta de transferencia. 

SOBRE LA VISITA DE ALFARO A LA CIDH

Es necesario evidenciar que el espacio gestionado por el gobierno de Jalisco ante la CIDH fue una cita particular que ellos mismos solicitaron y que no puede ser tomada en cuenta como una rendición de cuentas. Entendemos que la inacción del Gobierno Federal imposibilita que exista una verdadera atención integral, pero no se deben usurpar atribuciones con fines políticos y de propaganda, como lo es querer dirigir y presentar avances de atención de medidas que fueron dirigidas al Estado mexicano en conjunto, cuya representación, en este caso, recae en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación y, lo más importante, sin tomar en cuenta a los beneficiarios de las medidas .  

Es necesario señalar que el proceso de “gobernanza” que presume el Gobierno de Jalisco no ha tenido continuidad alguna. En 2019, cuando se inició la estrategia de “diálogo y participación” de los sectores social, académico y empresarial, se anunciaron tres momentos de los cuales solo se llevaron a cabo dos y desde entonces no se había convocado a ningún sector para su seguimiento. Fue recién este mes que se retomaron supuestas reuniones de “concertación” con la academia y otros sectores que no han sido parte del proceso desde un inicio, con el fin de  legitimar la presentación ante la CIDH. 

Contrario a lo que presentó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en Washington, no se observa que las acciones de la estrategia de su administración hayan mejorado las condiciones de salud de las poblaciones de El Salto, Poncitlán y Juanacatlán en términos ambientales pero aún menos,  en términos de atención médica especializada, como se refleja en las Recomendaciones de las comisiones estatal y nacional de derechos humanos emitidas este mismo año. 

Alfaro presumió que el Hospital Civil de Oriente ahora es parte también de las acciones de Revivamos el Río Santiago, cuando es un proyecto gestionado por lo menos desde 2017, que comenzó a construirse en 2019 por parte de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra siquiera dentro de los municipios señalados en las medidas. 

Los “hospitales comunitarios en construcción en El Salto y Ocotlán, además de la unidades de hemodiálisis”, podrían responder, en cierta e insuficiente medida, a la Recomendación 05/2022; sin embargo, lo señalado por la 23/2022 de la CEDHJ, la 134/2022 de la CNDH y la propia Resolución 07/2020 de la CIDH, no estarían siendo cumplidas ni como Estado mexicano, ni en las atribuciones propias del Gobierno de Jalisco pues, hasta ahora, no ha habido intención de profundizar en la investigación epidemiológica y toxicológica de la multiplicidad de enfermedades y fuentes de contaminación, y se han limitado al tamizaje de enfermedad renal en niños y niñas de primaria, es decir, en explorar una sola enfermedad para un solo sector de la población. 

Por otro lado, desde hace varios años hemos observado con atención la falta de agua en el río Santiago y hemos procurado ponerlo sobre la mesa, puesto que su régimen natural de caudales ha sido severamente alterado y el ciclo de aporte superficial-subterráneo  está totalmente fragmentado con infraestructura hidráulica de impacto inadmisible en el ecosistema y obsoleta para su aprovechamiento, a pesar de la grave concentración y toxicidad que genera. Es importante señalar con claridad:

Que el agua del río Santiago no fluya y ya no tenga pulsos de caudales variables, reduce la oxigenación en todo el cuerpo de agua, acelera los procesos de sedimentación e incrementa la proliferación de lirio acuático y otras macrófitas que, además de reducir el área del cauce, ocasionan condiciones de hipoxia y anoxia que, al interactuar con la mezcla compleja de contaminantes orgánicos e inorgánicos, produce emisiones y aerosoles con un alto grado de concentración de contaminantes y conduce a condiciones adversas para la vida. Como consecuencia, los procesos ecohidrológicos  del cauce están severamente afectados, propiciando además la proliferación de especies de microorganismos patógenos y vectores que representan un riesgo sanitario entre las poblaciones ribereñas.

A pesar de estas importantes implicaciones, no es algo que se haya aceptado como política de atención desde el Gobierno del Estado y la Comisión Nacional del Agua. En este sentido, hacemos un nuevo llamado al Estado mexicano en su conjunto para que:

  • Se cambie el paradigma de abordaje del problema, pues los diagnósticos opacos, inexactos, con perspectivas meramente ingenieriles y cortoplacistas, únicamente reproducirán los fracasos de las últimas décadas con falsas soluciones (grandes negocios), pues no se trata solo de un problema de calidad del agua, sino un problema complejo que implica una gestión territorial que beneficia proyectos de grupos de poder específicos.
  • Se procure la sustitución de fuentes de abastecimiento de agua para la ciudad que no impliquen al río Santiago.
  • Se integre el problema de caudal del Lerma, así como la contaminación e invasión del lago de Chapala en la estrategia de atención. 
  • Se respete el cauce, el caudal y el territorio ancestral del Río Santiago y del lago de Chapala y de sus afluentes, como la invasión de humedales y otros cuerpos de agua como el caso de la presa de El Ahogado o la presa de Las Pintas. 
  • Se haga eficiente el uso del agua en el sector agrícola, mejorar la gestión de compuertas de las represas, e incrementar la vigilancia del cumplimiento de los convenios de distribución del agua que llega del río Lerma a Chapala. 
  • Se cambie el modelo de gestión urbana del agua en separación de drenajes pluviales y gestión de la demanda en aras de posibilitar la restauración del caudal del río Santiago y la protección del lago de Chapala para replantear la relación metabólica entre la gran urbe y el sistema hidrológico natural.
  • Toda acción que se emprenda por parte del gobierno deberá contar con la participación efectiva de las comunidades afectadas y la participación de los grupos de especialistas que  han dado seguimiento al problema sanitario-socioambiental desde hace más de 10 años. 
  • Se tiene que plantear en serio la reconversión productiva en la región lo que debe no solamente fortalecer producción agropecuaria sustentable, sino que se debe partir de establecer una veda al crecimiento industrial e inmobiliaria en la cuenca alta.
  • Se debe impulsar la construcción participativa cultural y políticamente adecuada de una estrategia a mediano plazo para la restauración de la vida en la cuenca del río Santiago, con una visión integral y que contemple las fuentes de contaminación de todo tipo y en particular las industriales y que no esté mediada por representantes ajenos a las comunidades.
  • Un largo etcétera que debemos poner sobre la mesa para evitar simulaciones y atropellos.

A  T  E  N  T  A  M  E  N  T  E 

El Salto, Jalisco, a 26 de octubre de 2022

Organizaciones comunitarias de la Cuenca

Asamblea de Pueblos en Resistencia de la Cuenca Chapala-Santiago; Agrupación Un Salto de Vida; Pueblos de la Barranca del Río Santiago; Centro de Estudios e Investigación de la Barranca, CEIBA; Concejo Indígena Xonacatlán; Grupo Ecologista El Roble; Comite Agua y Vida por la Defensa de los Derechos Humanos de Santa Cruz de las Flores, Tlajomulco; Nuestras Aguas, Casa Blanca, Poncitlán.

Habitantes organizados de la Cuenca

Mtro. José Casillas Martínez, Dr. Josué Rosendo Rentería,  Mtra. Claudia Cárdenas Aguilar, CEIBA; Zariá Casillas Olivares, San Francisco Ixcatán, Manuel Alejandro Jacobo Contreras, Mezcala, Mx., Ma. Tiburcia Cárdenas Padilla,  Juanacatlán, Jal., Gaudencio Ezequiel Macías Ochoa, J. Antonio Huerta Meza, Ex Hacienda de Zapotlanejo, Jal., Ma. Isabel Yáñez Rodríguez, Las Pintas El Salto, Jal., Virginia Estefania Villanueva Castorena, La Azucena El Salto, Jal.,  Génesis Rico Sotelo, Carlos Alberto Santana Cobos, Emmanuel Oceguera, El Castillo El Salto, Jal., Enrique Encizo Rivera, Graciela González Torres, Fátima Yazmin Salcedo García., Atahualpa Sofía Alejandra Enciso González,  Alan Carmona Gutierrez, El Salto, Jal.,  José Rubén Tovar Talavera, Atequiza Jal., Dainzu González Ramos, Angélica Ramos Gomez, Santa Cruz de las Flores Tlajomulco, Jal., Emilia Romero Ruvalcaba, Claudia Sánchez, Miguel Ángel Torres, Isabel Hernández Jiménez, Elizabeth Hernández Miranda, Cruz Vieja Tlajomulco de Zúñiga, Juana Márquez, Casa Blanca Poncitlán.

Organizaciones regionales, nacionales e internacionales

Ambientes Justos A.C.; Unión de Especialistas en Biodiversidad, Conservación y Sustentabilidad, UNESBIO, A. C.; Colectivo foco Tonal de Santa Cruz de las huertas, Tonalá Jalisco; FM4, Dignidad y Justicia en el Camino AC; Centro de Investigación y Proyectos para la Igualdad de Género, CIPIG AC., Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias, RASA, Ixtlahuacan de los Membrillos, Jal.; Fundación para el Desarrollo Integral Apaztle, Apaxco, Estado de México; Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local, A.C., Tlaxcala; Colectivo de Comunidades en Defensa del Territorio de la Región Tolteca; GDL en bici, Guadalajara, Jalisco; GDL Climate Save, Guadalajara, Jalisco.  Colectiva Hilos; Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos y Ambientales; Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas;

Investigadores e investigadoras comprometidas

Dr.  Omar Arellano Aguilar, Facultad de Ciencias UNAM; Dra. Cindy Claudia McCulligh, CIESAS Occidente; Dra. Isabel Yoloxóchitl Corona Ruelas, FLACSO México; Dra. Mina Lorena Navarro Trujillo,  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Dr. Gerardo Bernache Pérez, CIESAS Occidente; Dra. Cecilia Vanegas Pérez, Facultad de Ciencias, UNAM; Dra. Aida Alejandra Guerrero De León, CUTONALÁ Universidad de Guadalajara; Dr. Luis Alberto Arellano García, CIATEJ; Dra. Daniela Mabel Gloss Núñez, Centro Interdisciplinario de Formación y Vinculación Social, ITESO;  Dr. Salvador Peniche Camps, CUCEA  Universidad de Guadalajara; Dr. Edgar J. González, Facultad de Ciencias, UNAM; Mtro. Esteban Javier Clausen Silva,Consultor internacional; Mtra. Deidre Cárdenas Delgado, Facultad de Ciencias UNAM; Mtra. Ana Mulió Álvarez, Investigadora Independiente en España; Dra. María Luisa Torregrosa y Armentía, FLACSO México; Dra. Karina Kloster, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, UACM; Jaime Suaste Aguirre, UNAM; Dr. Alberto Rocha Muñoz, Mtro. Agustín Camacho Rodríguez, Mtra. María Azucena Arellano Avelar, Lic. Valerie Natalia Salazar Zepeda, Dr. Jesús Barrera Rojas, Dra. Mayra Guadalupe Mena Enríquez, Laboratorio de Estudios Ambientales CUTonalá; Biól. Maria del Rosario Aceves Iñiguez, UNESBIO, A.C.; M. en C. Francisco Javier Muñoz Nolasco,  Doctorante UNAM;  Dr. Jaime Torres Guillén, Dra. María Cecilia Lezama Escalante, Dr. Jorge Regalado Santillán, CUCSH, Universidad de Guadalajara; Dr. Enrique Castillo Figueroa, CIESAS-CIDIGLO; Lic. Pedro Chávez Gómez, CUCEA Universidad de Guadalajara; Dra. Sandra Nadezhda Martínez Díaz Covarrubias, CUCSH, Universidad de Guadalajara; Mtro. Luis Enrique González Araiza, Dignidad y Justicia en el Camino AC; Dra. Alicia Torres Rodríguez, coordinadora de la Maestría en Ciencias Sociales, CUCSH, Universidad de Guadalajara; M. en A.V. Natalia María Centeno López, Facultad de Artes y Diseño UNAM; Dra. Georgina Vega Fregoso, CUCS Universidad de Guadalajara; Sergio Pablo Medina Pineda, Investigador Independiente; Mtra. Claudia Rodriguez Plasencia, artista y activista; Saúl de la Castañeda y Villafuerte, activista; Dra. Rocio Moreno Badajoz, CUCSH Universidad de Guadalajara; Lic. José Angel Sánchez Duarte; Dra. Lourdes Sofía Mendoza Bohne, jefa de Departamento de Estudios Socio Urbanos, Universidad de Guadalajara, Dr. Jaime Morales Hernández, Investigador del Centro de Formación en Agroecología y Sustentabilidad, Mtra. Verónica Mariana Xochiquetzalli Barreda Muñoz, Doctorante del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego BUAP, Mtro. Carlos Alberto Roque Pineda, Dirección de información académica ITESO; Dra. Anahí Copitzy Gómez Fuentes, Coordinación de la Maestría en Estudios Rurales, Universidad de Guadalajara; Dr. Darcy Victor Tetreault, Universidad Autónoma de Zacatecas, Mtro. Yeriel Salcedo Torres, Centro Universitario de Incidencia Social, ITESO.; Dr. Gonzalo Flores Mondragón, Facultad de Economía UNAM; Dr.Ruben Martín Martín, Cosa Pública 2.0. Radio Universidad de Guadalajara; Dr. Erick Alejandro Rafael Aguilar Obregón,  FLACSO, México; Mtra. Melissa Amezcua Yepiz, Doctorante de la New School for Social Research; Paola Elena Garibi Harper y Hernández, Miriam Esmeralda Andrade Martínez, Nalleli Sierra Solis, Deborah Lucero Solorzano, Saraii Vianey Cruz Lemus, Carla Patricia Garibi Harper Cabral.