por José Toral/ntrguadalajara.com

 26 de Octubre de 2022, 06:00 –

POLUCIÓN. Los fallecidos eran residentes de El Salto, Juanacatlán y Poncitlán, municipios contemplados en las medidas cautelares de la CIDH. (Foto: Archivo NTR/GP)

En una década fallecieron por enfermedad renal crónica casi mil personas en torno al río Santiago, reconoció el gobierno de México ante la situación que viven los habitantes afectados por la contaminación.

La cifra se desprende de un informe elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob) en el que explica las acciones que el Estado mexicano ha realizado en reacción a las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en febrero de 2020, en las que exige garantizar atención médica a pobladores que viven en 5 kilómetros alrededor del río Santiago en El Salto y Juanacatlán, así como a cuatro poblaciones de Poncitlán.

“Durante el periodo de 2009 a 2019 fallecieron un total de 941 personas por enfermedad renal crónica (como causa básica de muerte), quienes eran residentes de las localidades de los tres municipios contemplados en la medida cautelar”, reconoció la Segob a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración.

La mayoría de las muertes, 68 por ciento, ocurrió en El Salto; 24 por ciento, en Poncitlán, y el 8 por ciento restante, en Juanacatlán. El 18 por ciento de las personas fallecidas no contaba con seguridad social.

Frente al incremento de las enfermedades renales alrededor del río Santiago, el gobierno de Jalisco realiza un tamizaje para detectar señales de daño renal en alrededor de 2 mil estudiantes de educación básica, de entre 5 y 15 años; sin embargo, la estrategia es señalada de insuficiente por habitantes de la zona.

“El famoso tamizaje de enfermedad renal es insuficiente, no se puede presentar como un diagnóstico médico a la población porque sólo está enfocado en un rango de edad”, cuestionó Alan Carmona, integrante de la agrupación Un Salto de Vida.

El también habitante de El Salto recordó que entre las medidas cautelares que la CIDH emitió desde hace más de dos años se incluye la atención accesible y un diagnóstico médico especializado para las personas que viven a cinco kilómetros de distancia del río Santiago, en El Salto y Juanacatlán.

También se incluye a los habitantes de Chalpicote, Mezcala de la Asunción, San Pedro Itzicán y Agua Caliente, comunidades de Poncitlán ubicadas a la orilla del lago de Chapala, donde también padecen contaminación del agua.

“Debe de hacerse un diagnóstico médico para la población en general, con otro tipo de metodologías más integrales y que no sea solamente para un sector de población y un solo tipo de enfermedad, pues la multiplicidad de enfermedades ocasionadas por la contaminación es bastante amplia”, advirtió Carmona.

En el informe que el Estado mexicano rindió ante la CIDH en respuesta a las medidas cautelares de 2020 también reconoce que el abasto de medicamentos en el centro de salud de Poncitlán es de 65 por ciento, el nivel más bajo de la región.

Sobre la atención médica, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) documentó en una recomendación emitida en enero que los seis centros de salud de El Salto sólo cuentan con un médico nefrólogo. El documento señala que el especialista debe atender a más de 71 mil personas sin seguridad social a pesar de que el municipio está considerado como área de intervención prioritaria en materia de salud debido a la contaminación.

LAS CIFRAS:

  • 68 por ciento de las muertes, es decir, 640, ocurrió en El Salto
  • 24 por ciento, o 225, en Poncitlán
  • 8 por ciento, o 75, en Juanacatlán
  • 18 por ciento de las personas fallecidas no contaba con seguridad social