por Lauro Rodríguez/ntrguadalajara.com

 21 de Septiembre de 2022, 06:00 –

(BAJO SUS CONDICIONES. El Zapotillo será terminada por la actual administración, según el compromiso adquirido con los poblados en octubre de 2021. Foto: Especial)

En Temacapulín, Acasico y Palmarejo prevén que las acciones de reparación del daño por las afectaciones causadas por la Presa El Zapotillo comiencen a notarse en 2023. Actualmente se trabaja sin cesar con las autoridades federales, pero los trabajos avanzan más lento de lo que se esperaba.

El 10 de octubre de 2021 se estableció un acuerdo entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los tres poblados que logró evitar que fueran inundados para construir El Zapotillo. Ese día también se acordó que la Federación se comprometiera a una serie de acciones para reactivar la vida en sus comunidades. 

Al respecto, Margarita Juárez, integrante del Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, describió este año avanza la planeación, pero no se ha llegado a acciones concretas.

“Definitivamente será hasta el próximo año ya en donde se empiecen a reflejar (las acciones de reparación del daño). Este año ha sido de muchos proyectos en cuestión de que queden palpables y lo que queremos es que al inicio del próximo año se comiencen los trabajos en las diferentes secretarías”, comentó.

Aceptó que, por la lentitud de la reparación, duda que el gobierno federal cumpla todos los compromisos que asumió el presidente López Obrador, por lo que avisó que, si se contemplan prioridades, lucharán para que se le dé celeridad a la creación de vertederos en la cortina de la presa. Esta acción es fundamental para que los pueblos no se inunden.

“(Los trabajos) en las cortinas ya empezaron. Es fundamental eso, es importante que realmente eso, irónicamente, se haga la presa. Por 16 años pedimos que no, (pero) ahora queremos que se hagan esas ventanas para que nos den esa seguridad de que vamos a estar bien, de que no vamos a correr ningún riesgo”.

Consideró que otro tema que debe ser prioritario en 2023 es la emisión de un decreto presidencial que blinde a las tres comunidades en el futuro, ya que así estarían protegidas ante la llegada de un presidente con ideas distintas a las de López Obrador.

Por lo pronto detalló que hay tranquilidad en las comunidades, una tranquilidad que por años no habían sentido.

“Las personas están más tranquilas, sí están más tranquilas. Hay mucho más turismo, se están vendiendo casas, la gente quiere comprar terrenos. La verdad es que ha surgido una Temaca, un Acasico y un Palmarejo muy fortalecidos. Los hijos ausentes quieren regresar a las casas que en algún momento se quedaron solas por el temor. Se está volviendo todo más turístico y claro que para nosotros nos da mucho gusto”.

Eso sí, puntualizó que la lucha aún no la ganan. “Papelito habla”, sentenció Juárez, quien recalcó que será hasta que los vertedores y el decreto presidencial estén listos cuando puedan decir que la lucha terminó.

Reconstrucción de comunidad, necesaria: González Valencia

El Estado está en deuda con los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo por las afectaciones que les causó el proyecto de la Presa El Zapotillo, afirmó María González Valencia, investigadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), quien ha acompañado la lucha de los poblados.

Uno de los puntos más importantes en la reparación integral del daño será la garantía del derecho al retorno de quienes fueron desplazados de manera forzada.

El caso más importante, explicó, es el de Palmarejo, que prácticamente se vació. Ahora se buscaría el retorno de unas 200 personas que se rearticularon.

La académica dijo que algunas familias de Palmarejo fueron trasladadas al nuevo centro de población, denominado Talicoyunque, el cual nunca se regularizó, mientras que el resto se distribuyeron en Temacapulín, en la cabecera municipal de Cañadas de Obregón e incluso migraron a Guadalajara y a Estados Unidos.

La restitución, agregó María González, implicará no solo el regreso al poblado, sino la reconstrucción de la comunidad, pues a quienes aceptaron abandonar sus casas entre 2012 y 2014 los obligaron a derruirlas.

En el caso de Temacapulín, los predios donde estaban las viviendas de quienes aceptaron moverse se solicitó que sean utilizados para espacios comunes o en proyectos de vivienda social cuyos criterios serán definidos por la misma comunidad.

Sobre Acasico, recordó que se creó un nuevo centro de población denominado Nuevo Acasico que nunca se concluyó. En este caso las empresas constructoras fueron demandadas porque dejaron los trabajos a medias, por lo que “la gente está exigiendo la restauración de la comunidad”. Sonia Serrano Íñiguez

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