• Activistas exigen que se sancione a funcionarios que ocultaron estudio sobre daños en la salud de niños y niñas expuestos a contaminantes. Foto: Archivo

Violeta Meléndez / Mural

Guadalajara, México(07 junio 2022).- Luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos exhibiera a los funcionarios por cuyas manos pasó el estudio sobre daños en la salud de niños y niñas expuestos a contaminantes del Río Santiago, que estuvo oculto por 10 años, activistas de Un Salto de Vida exigen que se les investigue y sancione por su inacción en perjuicio de los infantes.

La recomendación emitida este lunes indicó una serie de responsables de recibir los resultados del estudio por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y no emprender acciones de seguimiento a las niños y niños revisados, quienes resultaron con altas concentraciones de sustancias tóxicas en su sangre.

«Más allá del ocultamiento es que no se atendió la salud. Pudieron haber ellos (los funcionarios) omitido esta comunicación pública, pero no debieron en ningún momento haber sido omisos a la atención a la salud», planteó Alan Carmona, de Un Salto de Vida.

«La Universidad de San Luis Potosí notificó formalmente a la Comisión Estatal del Agua, que fue quien solicitó el estudio, y a la Secretaría de Salud, todo se hizo con la formalidad que requería el estudio (…) Muchos de los funcionarios señalados por la CEDHJ permanecen en esta administración de Enrique Alfaro».

Entre los ex funcionarios mencionados en la recomendación figura Ricardo Robles Varela, entonces director de la Unidad Ejecutora de Saneamiento y Abastecimiento de la Comisión Estatal del Agua; José Mario Márquez Amezcua, director de Salud Pública de la Secretaría de Salud; y Bernardo Carrillo Barocio, jefe de atención médica la Secretaría de Salud.

Sobre éste último, la CEDHJ lo señaló de actuar con dolo ante la comisión, ya que en las entrevistas de la investigación sí reconoció haber conocido el documento pero no haberlo firmado, aunque admite que están sus iniciales en el acuse de recibido.

«Esta comisión cuenta con evidencias de que dicho galeno, como servidor público, debía darle seguimiento al oficio donde se le derivó para su atención y seguimiento (…) Se advierte el dolo con el que Bernardo Carrillo Barocio responde a esta comisión ya que debió haber llevado a cabo las gestiones necesarias para su seguimiento», indica la recomendación.

«Se deduce que el Gobierno de Jalisco tanto por medio de la CEA como en el ámbito de la salud sí fue debidamente notificado en tiempo y forma del informe final», concluye.

Sobre esto, activistas señalaron que la consecuencia del ocultamiento fue que los niños analizados llegaron a desarrollar enfermedades como insuficiencia renal e incluso cáncer, el cual podría haberse evitado de atenderlos a tiempo.

Ante esto, exigieron que se dé seguimiento al caso y no solamente se realice un tamizaje para detectar daño renal en niños, como hace la Secretaría de Salud, sino que también se busque de manera temprana otras enfermedades a personas expuestas a la contaminación del Río Santiago para evitar que las desarrollen.