por Lauro Rodríguez / ntrguadalajara.com

 7 de Junio de 2022, 06:00 –

(RÍO CONTAMINADO. El estudio realizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí reveló que menores de El Salto, Guadalajara, Juanacatlán y Tonalá estaban expuestos a metales pesados desde 2009.  Foto: Especial)

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió una recomendación y diversas peticiones para que sea investigado como falta grave el ocultamiento de un estudio realizado por investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) que evidenció la contaminación existente en el río Santiago y que puso en riesgo a pobladores de El Salto, Guadalajara, Juanacatlán y Tonalá. 

La petición de investigar el ocultamiento del estudio se dirige a la Contraloría del Estado y forma parte de la recomendación 23/22. El informe fue revelado en enero de 2020 por el periodista José Toral, quien lo obtuvo vía transparencia. 

El ejercicio está fechado en marzo de 2010, contiene 341 páginas y se titula “Propuesta Metodológica para la implantación de una batería de indicadores de salud que favorezcan el establecimiento de programas de diagnóstico, intervención y vigilancia epidemiológica en las poblaciones ubicadas en la zona de influencia del proyecto de la Presa Arcediano en el estado de Jalisco”. 

Según la CEDHJ, el ocultamiento de la propuesta metodológica “debe ser considerado como una falta grave, ya que impidió la creación, desarrollo y ejecución de políticas públicas que previnieran la degradación ambiental y de salud que permea en el río Santiago”. 

En el documento recomendatario la CEDHJ recuerda que fue en 2009 cuando el gobierno de Jalisco pidió a la UASLP realizar una serie de muestreos en más de 300 niños de El Salto, Guadalajara –en La Cofradía, La Barranca y Jardines de la Barranca–, Juanacatlán y Tonalá –en Puente Grande y Jalisco, Sección II–. Con ello se buscó elaborar la propuesta metodológica referida. 

La investigación arrojó “escenarios de riesgo sanitario e índices multidimensionales de vulnerabilidad para las seis comunidades involucradas, como problemas generales de salud, alteraciones neuropsicológicas y hematológicas, así como una exposición a agentes tóxicos e infecciosos”. 

Entre los hallazgos de entonces se encontró que 94 por ciento de la población infantil de Juanacatlán tenía plomo por encima de lo recomendable; en El Salto, 98 por ciento estaba expuesto al cadmio; en Puente Grande, 60 por ciento presentaba mercurio; en La Cofradía, 45 por ciento tenía arsénico, y en la colonia Jalisco, 48 por ciento tenía flúor por arriba de lo normal. 

A pesar de los anteriores hallazgos, el ejercicio fue ocultado por la autoridad estatal. 

Al respecto, la CEDHJ consideró que la Comisión Estatal del Agua (CEA), la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud Jalisco (OPD SSJ) “dejaron de observar distintas normas y principios jurídicos que quedaron precisados en el cuerpo de la presente resolución, en torno al mandato constitucional de que todas las autoridades del Estado deben garantizar la protección de la salud (…) Se acreditó la vulneración sistemática de los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica y su vinculación con la protección de la salud, al medio ambiente y de acceso en materia ambiental”. 

Exigen que la SSJ realice una reparación integral del daño

Entre las distintas autoridades a las que se dirige la recomendación 23/22 se encuentra la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), a la que se le exige garantizar una reparación integral del daño a favor de las víctimas directas e indirectas. 

También se le pide crear una campaña informativa sobre riesgos y medidas preventivas; realizar un diagnóstico sobre riesgos y daños a la salud; identificar síntomas en la población afectada de enfermedades como cáncer, insuficiencia cardiaca, diabetes e insuficiencia renal, y otorgar seguimiento psicológico. 

A la SSJ también se le exige capacitar a su personal. 

Por otro lado, a Comisión Estatal del Agua (CEA) se le pide que contrate personal suficiente para ejercer sus labores, que los funcionarios reciban capacitación en materia de derechos humanos y que amplíen sus investigaciones en búsqueda de contaminantes en el río Santiago. Lauro Rodríguez

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