• Alrededor de 10 personas, de comunidades indígenas, se manifestaron ayer frente a Palacio de Gobierno. Foto: Grupo REFORMA

Grupo REFORMA/Mural

Guadalajara, México(29 abril 2022).- El desalojo de viviendas en el margen del Arroyo Seco dejó daños patrimoniales y psicológicos a habitantes de cinco pueblos originarios, aseguró Gabriela Juárez Piña, integrante de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas en la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Indicó que son unas 120 familias asentadas en la Colonia Floresta, de las cuales algunas ya fueron evacuadas y otras temen que lo hagan.

La también responsable del Programa Integral de Salud Intercultural en la UdeG mencionó que son integrantes de las comunidades purépecha, otomí, mazahua, wixárika y nahua, que llegaron al polígono de Arroyo Seco hace 60 años.

Juárez Piña consideró que fue un atropello a sus derechos humanos, pues la notificación del desalojo la hicieron en español, idioma que muchos de ellos no hablan; eran necesarios intérpretes de sus lenguas maternas.

Este es uno de los puntos que van a denunciar ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) -donde está abierta la carpeta de investigación 176-2022 II- así como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

La integrante de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas denunció que el miércoles, durante las primeras horas del operativo llamado «Miramar a Salvo», las fuerzas de seguridad habían encerrado a las personas evacuadas.

«Ya estaban cercados. Ellos no podían ni siquiera salir para comprar algo de alimentos o para llevar a los niños a la escuela», mencionó Juárez Piña.

También les cortaron servicios públicos como energía eléctrica y agua potable.

«No se puede, de ninguna manera, legitimar esa parte que dicen fue para proteger su integridad, cuando llegaron e hicieron, en la realidad de los hechos, una plena violación a sus derechos humanos y a su integridad moral, patrimonial y psicológica». subrayó.