Por José Toral/ lider919.com 28/04/2022

Se violaron múltiples derechos humanos con el desalojo de decenas de familias, en colonias como Miramar y Arenales Tapatíos, para derribar sus viviendas por encontrarse junto al cauce del arroyo «El Seco», en Zapopan, pues debió realizarse un trabajo conjunto con las personas afectadas, para conocer sus necesidades y crear un programa de generación de vivienda, advierte el experto en derechos humanos, Francisco Macías Medina.

«¿Cómo debería de haberse hecho? Se abren mecanismos incluso restaurativos, donde se retoman las necesidades de las personas, saber quiénes son, sus necesidades, incluso la tenencia de la tierra en la zona durante 30 años, y con eso crear un programa social con perspectiva y enfoque de derechos, donde se incluya visiones de mujeres, niños, niñas, tercera edad, poblaciones indígenas, para poder generar un plan de vivienda, un plan donde se le pueda dar certeza a las personas; y como ustedes verán por los daños, las consecuencias que se están dando son medidas discriminatorias, altamente dañinas y que restringen los derechos básicos de las personas».

El especialista recordó que la falta de ordenamiento por parte de municipios como Zapopan, propició que familias sin posibilidades de acceder a una vivienda se instalaran junto a cauces de agua como el arroyo, por lo que se procedió a derribar viviendas de forma autoritaria, sin indemnizaciones ni intervenciones judiciales, y sin antes regular el territorio para resolver los problemas que generan inundaciones, como atender los gaviones que no reciben mantenimiento suficiente.

Macías Medina recuerda que los daños ocasionados por las inundaciones del año pasado no se atendieron de forma integral, sino a través de apoyos corporativistas y selectivos, solo con las personas que tienen afinidad con los grupos políticos que están en el poder, sin una reparación a las afectaciones de forma profunda y con obras hidráulicas complementarias que disminuyeran el riesgo.

Francisco Macías recomendó a las autoridades atender la recomendación general número 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, donde se habla de la obligación de garantizar el derecho a una vivienda adecuada, incluso en casos de desalojos forzosos.

José Toral