Por José Toral / lider919.com 08/02/2022

El asesinato en Tonalá de la líder vecinal de Urbi Quinta, Verónica Patricia Guerrero Vinueza, quien se oponía basurero irregular de Matatlán, demuestra la situación de inseguridad y riesgo que enfrentan las personas que buscan cambios en su entorno y defienden los derechos humanos, el medio ambiente y el territorio en Jalisco, lo que incrementa con la total impunidad frente a los responsables, advierte la codirectora del Centro de Justicia para la Paz (Cepad), Anna Chimiak.

«ESTE CASO EVIDENCIA LAS CONDICIONES DE PROFUNDA INSEGURIDAD, DE RIESGO Y VULNERABILIDAD PARA EJERCER LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL ESTADO, Y PRINCIPALMENTE QUIENES DEFIENDEN LAS CAUSAS REFERENTES AL MEDIO AMBIENTE, TIERRA Y TERRITORIO, Y LAMENTABLEMENTE LA MAYORÍA DE LAS AGRESIONES DE PERSONAS DEFENSORAS SE ENCUENTRAN EN LA IMPUNIDAD ABSOLUTA, NO SE IDENTIFICAN LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS HECHOS, TANTO AUTORES MATERIALES, COMO TAMBIÉN AUTORES INTELECTUALES».

La codirectora del Cepad señala que desde las autoridades no se ha dado protección a personas defensoras ni se reconoce la importancia de su labor, así como falta revertir las causas estructurales frente a las que la gente se organiza para resistir y de forma activa transformar su entorno, como ocurrió con la abogada Verónica Guerrero, que tras meses de manifestaciones contra la operación irregular del basurero de Matatlán, fue amenazada y posteriormente asesinada el pasado jueves 3 de febrero en el centro de Tonalá.

El pasado 7 de enero también fue asesinado el marakame y líder wixárika Rosendo González Torres, junto con su nieto, en San Andrés Cohamiata, en la región Norte del estado, crimen contra un defensor del territorio que sigue en la impunidad.

José Toral