• En 2021 se agudizaron los problemas por mala calidad del agua que entregó el Siapa en los municipios. Foto: Archivo

Violeta Meléndez/Mural

Guadalajara, México(06 enero 2022).-
Un total de 8 mil quejas ciudadanas fueron las que recibió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) durante el 2021 y fue el Siapa la entidad que acaparó mayor cantidad de reclamos, con mil 206, seguido de la Fiscalía con mil 97.

Se trata, sin embargo, de una disminución de quejas, ya que en 2020 se registraron en total 9 mil 627 durante el año, y el Siapa, a pesar de haber registrado mil 627 en ese entonces, ocupó el noveno lugar de autoridades más frecuentemente señaladas por los ciudadanos.

Es de señalar que en 2021 se agudizaron los problemas por mala calidad del agua que entregó el Siapa en los municipios, aunado a una escasez de tres meses que implicó alternar el servicio de abasto entre más de 300 mil habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara.

Pese al gran número de quejas que se suman también a las del año antepasado, cuando comenzó el problema de la turbidez en el agua de la llave, la defensoría aún no emite una recomendación, aunque señaló que sería hasta el primer trimestre del 2022.

No obstante, la Fiscalía general sí tuvo un incremento en quejas por parte de los ciudadanos, al pasar de 894 en 2020, a mil 97 en 2021, un año que se caracterizó por continuar con la crisis forense, demora en entrega de cuerpos, falta de celeridad en investigación por desapariciones, entre otros.

En su informe, la CEDHJ también refiere que los ayuntamientos que recibieron mayor número de quejas durante el año que recién terminó fueron el de Tonalá, con mil 573; Tlaquepaque, con 805; Guadalajara, con 413 y Zapopan, que sumó 412.

Es de señalar que en 2020 la autoridad que encabezó las quejas ciudadanas fue Tlajomulco de Zúñiga, que en ese entonces acaparó 2 mil 297, mientras Guadalajara llegó a registrar dos mil.

Respecto a las quejas más citadas, fueron violación del derecho a la legalidad y seguridad jurídica, prestación indebida del servicio público, violación del derecho a la protección de la salud, violación a los derechos ambientales y negativa o inadecuada prestación de servicios en materia de agua.