Ambientalistas han repudiado el desarrollo inmobiliario; un Juez de Control ordenó liberar el predio y la Fiscalía desalojó a activistas.

Sara Ochoa/Mural / 22 de agosto de 2021

El desalojo de estudiantes de la Universidad de Guadalajara por elementos de la Fiscalía del Parque Resistencia Huentitán -debido a la ejecución de una orden judicial emitida por un Juez de Control realizado la madrugada de este jueves-, reavivó la polémica por la construcción del desarrollo inmobiliario «Iconia» en Guadalajara.

Sin embargo, el conflicto por el predio ubicado en el cruce de Periférico y la Calzada Independencia, ha existido durante varios años, entre los empresarios propietarios del terreno y diversos colectivos ambientalistas.

El 30 de diciembre de 1980, el Congreso del Estado aprobó el decreto 10421, por medio del cual el Ayuntamiento de Guadalajara adquirió el terreno de 132 mil 691 metros cuadrados, el cual originalmente sería utilizado para la construcción de un Parque municipal que se llamaría «Parque Natural Huentitán».

Sin embargo, el uso del terreno fue cambiado. El 30 de junio del 2008, el Gobierno tapatío entregó el predio a la empresa española «Mecano América» para la construcción del proyecto «Puerta Guadalajara» el cual se conformaría de 28 torres de 64 pisos y por medio del cual el municipio obtendría obras para la ciudadanía valuadas en 65 millones de dólares, el equivalente a 688 millones de pesos.

Sin embargo, para el 2012, la empresa de origen español entregó las 13.6 hectáreas de terreno a la compañía «Operadora Hotelera Salamanca», quien propuso un nuevo proyecto con el nombre actual: Iconia.

Dicho proyecto, contempla 3 secciones: en la primera, se pretende construir una torre de departamentos, además de hospitales y escuelas y parques, mientras que la segunda y tercera sección, serán utilizadas para un parque lineal y un complejo deportivo.

Este cambio generó que la construcción de las obras a beneficio del Ayuntamiento quedaran atoradas, por lo que la empresa debió realizar una serie de negociaciones con el Gobierno tapatío en turno para solventar el compromiso adquirido entre ambas partes, que consistía en continuar con el desarrollo inmobiliario y cumplir con el financiamiento de obras al Municipio.

A la par, diversos colectivos ambientalistas como Colectivo Únete Huentitán, Arcos de Guadalupe defiende sus Áreas Verdes, El Retiro y la Asociación de Derecho Ambiental Jalisco, expresaron su negativa a la construcción del desarrollo, y pidiendo al Ayuntamiento de Guadalajara retomar el proyecto original de instalar un parque natural en la zona y acusando actos de corrupción.

Aunque durante algunos años, la construcción quedó detenida, para junio del 2020, la obra se reanudó y el 29 de marzo de este año la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) encabezada por Javier Armenta, en conjunto con los colectivos, tomó posesión del terreno para realizar un campamento durante los últimos 140 días, donde llevaron a cabo acciones como la plantación de 800 árboles, a fin de impedir la construcción.

El pasado 18 de agosto, el Juez Décimo de Control y Oralidad, emitió una medida provisional para la restitución de la posesión del inmueble y dicha orden judicial fue ejecutada por la Fiscalía del Estado cerca de las 3:00 horas del 19 de agosto.

Ante el desalojo, estudiantes y activistas se manifestaron frente a Casa Jalisco este viernes.