por Lauro Rodríguez/ntrguadalajara.com
 22 de Junio de 2021, 14:18 –

(Foto: Cuartoscuro)

Tras la reiterada negativa por parte del gobernador Enrique Alfaro Ramírez y su gabinete de instalar una mesa de trabajo para debatir con los pueblos afectados el caso de la presa El Zapotillo, la organización Salvemos Temaca interpuso un amparo para conseguir una reunión.

El amparo tuvo una resolución favorable para los pueblos, misma que recibieron el año pasado. Sin embargo, el gobernador y sus secretarios de Medio Ambiente y Gestión Integral del Agua, lejos de acatar lo dispuesto por un tribunal, interpusieron un recurso de revisión para negarse a dar audiencia a las comunidades.

“El gobierno de Jalisco, en lugar de respetar un derecho básico, un derecho mínimo, el derecho de petición, sencillamente contestando por escrito lo que el gobierno estatal haya acordado, deciden irse a tribunales, deciden gastar nuestro presupuesto, deciden invertir en personal jurídico, en abogados y dos años después, es que por segunda ocasión, los tribunales le dan la razón a Temacapulín”, señaló María González Valencia, integrante del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

El 20 de mayo pasado, el tribunal reiteró el veredicto favorable a Salvemos Temaca y, el secretario de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón, contestó con un oficio que exigía a la líder comunitaria Beatriz Espinoza Íñiguez comprobar jurídicamente que es presidente de la asociación civil, esto como una condicionante para acatar las medidas ordenadas por el tribunal.

“Lo que nos parece más inconcebible es que todavía, después de un doble fallo ganado, el secretario de Gestión Integral del Agua, Jorge Gastón, notifica de manera digital a las comunidades solicitando que en un periodo de tres días hábiles, la compañera Beatriz Espinoza Íñiguez, presidente del comité se presentara a las oficinas de la secretaría para demostrar, con documentación en mano, que es la presidente de la Asociación Civil Salvemos Temaca, cuando los fallos ganados los tribunales reafirman que Beatriz no tiene por qué demostrar que es presidente y que, como ciudadana, como cualquiera de nosotros, tiene el derecho de presentar una solicitud a los gobiernos”, añadió.

El tema principal que quieren debatir en una mesa técnica es el argumento técnico y científico que pudiera existir en el que los gobiernos de Jalisco y Guanajuato basan sus dichos de que El Zapotillo es la solución, también, el por qué no se han considerado alternativas para el abasto de agua para ambos estados. Además, para dar seguimiento a las asignaciones presupuestales que el gobierno federal ha erogado para la presa y saber cuál es el estatus actual de la obra.

Los habitantes se mantienen firmes en que la presa no es ninguna solución a la problemática de la escasez y solo causará problemas socio culturales para las comunidades de los altos, se quedarán sin agua para agricultura y ganadería y se invertirán más millones de pesos en una obra que no resolverá nada.

Ven uso político

Los pobladores e Imdec señalaron que el gobernador hace uso político de la escasez de agua en la ciudad para exigir que el gobierno federal termine El Zapotillo. Lo anterior, más que con fines de solucionar la escasez en Guadalajara y Zapopan, para tener un beneficio propio rumbo a la elección del 2024, en la que, es más que evidente, buscará la presidencia de la República, alertaron.

Por este motivo es que Alfaro Ramírez ha tenido reuniones y más reuniones con su homólogo de Guanajuato y empresarios que, al final del día, podrían ser los únicos beneficiados gracias a la asignación de obra pública. Beneficios que, en 2024, pudieran regresarse a Alfaro Ramírez traducidos en financiamiento para su campaña. Por este mismo motivo, es que no ha aceptado reunirse con las comunidades afectadas.

“Todo lo que haga de aquí hasta entonces, o lo que ha venido haciendo, solo reafirma, primero, que gobierna para y con los empresarios de Jalisco. Y segundo, que gobierna en contra de los pueblos, las comunidades, el conocimiento académico-científico y las organizaciones sociales y de derechos humanos del estado de Jalisco. Es muy claro, los gobernadores quieren continuar con el negocio de la construcción”, lamentó González Valencia.

EH