• Emilia Rivera, abogada de Salvemos Temaca AC (de izq. a der.); Maria González Valencia, Imdec; Gabriel Espinoza Iñiguez, vocero de la Comunidad y Beatriz Espinoza, presidenta de Salvemos Temaca. Foto: Maricarmen Galindo

Violeta Meléndez/mural

Guadalajara, México (22 junio 2021).-
Para que el Gobierno del Estado les responda sus dudas sobre el acuerdo que firmaron los mandatarios de Guanajuato y Jalisco sobre el Río Verde en 2019, habitantes de Temacapulín tuvieron que recurrir a tribunales, pero ni obteniendo ya dos sentencias a su favor han sido atendidos.

Así lo relataron activistas e integrantes del colectivo Salvemos Temacapulín, quienes informaron que el pasado 20 de mayo un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Tercer Circuito ratificó su juicio de revisión, que había evitado el Gobierno de Jalisco desde 2019, y confirma que sus secretarías deben dar respuesta a los demandantes.

«El Gobierno de Jalisco decide violar el derecho de petición que está reconocido en el Artículo 8 Constitucional y les obliga a responder por escrito en un tiempo corto las solicitudes que cualquier ciudadano tengamos», relató María González, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec).

«Las comunidades estaban exhortando al Gobierno de Jalisco a que se realizara una mesa de alto nivel encabezada por el Gobernador para que se revisara, se discutiera el acuerdo de distribución para el aprovechamiento del Río Verde», añadió.

Los activistas hicieron énfasis en que el Ejecutivo estatal, lejos de responder a la petición ciudadana, trató de omitir la obligación también mediante tribunales, pero le fueron rechazados sus argumentos y ahora se resolvió a favor de los demandantes.

Además, los activistas relataron que su intención es tener, al menos por escrito, una respuesta por parte del Gobernador y sus secretarías relacionadas con la gestión del agua.

Sin embargo, a partir de esta nueva resolución, la Secretaría de Gestión Integral del Agua respondió con lo que consideraron otra práctica dilatoria, pidiendo a la presidenta del Comité Salvemos Temacapulín, Beatriz Espinoza, que se presente en sus oficinas para acreditar que lidera esa organización.

«Los fallos ganados reafirman que Beatriz no tiene por qué demostrar que es presidenta de la asociación civil y que como ciudadana tiene el derecho a presentar una solicitud a los gobiernos. Esto es absolutamente significativo de la estrategia con la que el Gobierno de Jalisco maltrata a las comunidades afectadas por la presa El Zapotillo», añadió.

Además, recordaron que si esta vez las secretarías del Ejecutivo estatal son omisas a este nuevo fallo, podrían hacerse acreedoras a multas económicas e incluso a destitución de sus cargos.