por Sonia Serrano Íñiguez/ntrguadalajara.com
 23 de Abril de 2021, 17:37 –

(Foto: Gobierno de Jalisco)

Un juez federal concedió una suspensión de plano en un juicio de amparo a favor de la Asociación de Usuarios de la Unidad de Riego del Río Santiago, ante las acciones que llevó a cabo el gobierno del estado de Jalisco en lo que se conoce como el Sistema Antiguo de abasto, con el argumento que se trataba de tomas clandestinas.

El Juzgado Décimo Quinto de Distrito en materias Administrativa, Civil y del Trabajo concedió la medida cautelar dentro del juicio 576/2021 en beneficio de esta asociación civil, representada por los comisariados ejidales de San Miguel Zapotitlán, y San José de Ornelas, en el municipio de Poncitlán, y La Constancia, en Zapotlán del Rey.

La suspensión de plano se dictó para efecto de que se permita “en estrictos términos de su alcance, en cuanto a volumen y disponibilidad la operación del título de concesión 08JAL401321/12ATGC00 y su prórroga, en los términos y bajo las condiciones establecidas en dicho título en cuanto al uso racional y eficiente del recurso hídrico y bajo las condiciones específicas de explotación”, siempre y cuando el agua se destine “para el cultivo de tierras agrícolas en las superficies pertenecientes a los ejidos quejosos y éstas se encuentren sembradas, todo ello en relación con el programa de producción agrícola para el cultivo de avena forrajera y trigo grano”.

El juez federal también determinó proteger el derecho de los productores para ingresar a sus predios “para realizar labores atinentes al cuidado y mantenimiento de los cultivos, así como a operar las correspondientes instalaciones de riego formalmente vinculadas a la concesión”. Esto, porque el gobierno del estado mantenía la posesión de las instalaciones hidráulicas, las cuales tomó con el uso de la fuerza pública.

El tercer punto en la suspensión es para que las autoridades que fueron señaladas en la demanda como responsables “no sustraigan, sin previa audiencia de los quejosos, tierras del régimen ejidal, total o parcialmente en forma temporal o definitiva, ni se prive a los ejidos quejosos de la posesión o propiedad de tierras ejidales o disfrute de sus derechos agrarios”.

El juzgado dio un plazo de 24 horas a las autoridades estatales para que cumplan con esta resolución e informen del acatamiento al Poder Judicial de la Federación.

El 22 de marzo pasado, cuando comenzó a acentuarse la crisis de abasto de agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el jefe de Gabinete, Hugo Luna, anunció la intervención de lo que se conoce como Sistema Antiguo.

Ese día, el funcionario declaró que se echó a andar “un operativo muy importante para la ciudad de Guadalajara, particularmente en el corredor agrícola desde la zona de Ocotlán, hasta la conexión con el canal de Atequiza para detectar y clausurar las tomas de agua, las extracciones que algunos proyectos agrícolas han estado haciendo de manera desbordada y que han estado afectando la capacidad de abastecimiento de agua para la ciudad de Guadalajara”.

Ese mismo día los productores acreditaron que sus tomas eran legales y su concesión estaba en regla. Sin embargo, a la fecha no han recuperado plenamente las instalaciones de bombeo.

Además, en reuniones de trabajo con representantes de la Secretaría General de Gobierno se había acordado posponer el riego para permitir el desazolve del cauce y aumentar el flujo hacia la Zona Metropolitana. Sin embargo, el gobierno del estado no hizo el trabajo y el agua comenzó a desperdiciarse porque tampoco podía llevarse hasta los cultivos ante los daños causados a los sistemas de bombeo.

Para tener acceso a las instalaciones hidráulicas y equipos de bombeo para regar sus cultivos, ejidatarios de la región Ciénega acudieron ante los tribunales, quienes resolvieron a su favor, manifestó el presidente del comisariado ejidal de San Miguel Zapotitlán, Pedro Hernández. Además, denunció que los equipos de bombeo que les fueron dañados no fueron correctamente reparados.

“No teníamos acceso a nuestra fuente de trabajo, tenían resguardado por el gobierno estatal, se siente muy incómodo porque nos ven si realmente estuviéramos haciendo un delito y no nos sentíamos bien, no estaban tomándonos muy en cuenta, decidimos reunirnos y tomar esta decisión”.

Pedro Hernández recordó que antes de que el gobierno de Jalisco les dañara sus equipos de bombeo sus cultivos de trigo estaban “bonitos” y en buena forma, por lo que calculaban sacar entre 7 8 toneladas por hectárea, sin embargo, el gobierno únicamente contabiliza cinco toneladas, por lo que los daños a sus cosechas no serán completamente pagados.

“Personas de desarrollo social vinieron al campo a hacer un levantamiento de pérdida, vino personal de desarrollo rural, no se me hace justo que nuestras cinco toneladas que ellos manifiestan que es la producción que tienen ellos promedio, cuando aquí nosotros sacamos de 7 a 8 toneladas acorde a nuestro tiempo, de 7 a 8 por hectárea para los 5 que ellos nos quieren dar se me hace una injusticia”.

El presidente del comisariado ejidal de San Miguel Zapotitlán, Pedro Hernández, adelantó que presentarán alguna acción legal para exigir se les repara el daño causado.

EH