Grupo REFORMA/Mural

Guadalajara, México (25 febrero 2021).- Un año ha transcurrido desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares dirigidas al Gobierno de México para que descontamine el Río Santiago, pero su única acción ha sido designar a un representante para fijar un plan de acción.

Así lo dio a conocer la investigadora de la Universidad de Guadalajara, Raquel Gutiérrez Nájera, quien dio vista a la CIDH de la problemática en el cauce y forma parte de las mesas de seguimiento.

De acuerdo con la académica, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación contrató a una persona en diciembre y la comisionó a dar continuidad exclusivamente a las medidas cautelares, que se abocaron en pedir atención médica para las comunidades más cercanas al cauce, Juanacatlán, El Salto y Poncitlán.

Como parte de esta designación, Gutiérrez Nájera informó que en marzo será la próxima sesión de seguimiento con el representante del Gobierno federal, quien plantea una visita de campo y la definición de acciones de remediación avaladas por los habitantes.

«Los representantes de la CIDH dijeron que debe haber una agenda con fechas, metas, responsabilidades para ir avanzando (…) la persona que quedó como representante del Gobierno federal dijo que quiere ir al sitio y avanzar ‘claro que ustedes tendrían que avalar toda la estrategia que propongamos'», comentó la investigadora en entrevista.

«En marzo vamos a reiniciar las mesas de trabajo, que han sido vía Zoom porque ahorita no ha habido condiciones para hacer visitas físicas, esperamos ya una propuesta».

En cuanto al Gobierno de Jalisco, Gutiérrez Nájera informó que su participación en las mesas se ha limitado a referir el plan de saneamiento del Gobernador Enrique Alfaro, aunque su principal apuesta son plantas de tratamiento que no atienden la contaminación industrial.

«Ellos dicen que están cumpliendo con su plan, pero ha habido mesas donde han estado pobladores de El Salto y han dicho en frente de la representación de Jalisco ‘bueno, con nosotros no han hecho nada, no han visitado la zona, no hay medicinas, tenemos los mismos centros de salud'», relató.

«Hay una ausencia de la responsabilidad de las descargas de las empresas que están en toda la zona, es un tema que tenemos que abordarlo de otra manera porque va a seguir peor y va a seguir afectando», urgió la académica.

Las medidas cautelares fueron emitidas por la CIDH el 7 de febrero de 2020 y declaran que las comunidades de San Pedro Itzicán, Agua Caliente, Chalpicote y Mezcala, del municipio de Poncitlán, así como las de El Salto y Juanacatlán, están en grave riesgo debido a su exposición a una amplia gama de contaminantes que se vierten en el Río Santiago.