por Juan Levario/ntrguadalajara.com

(Foto: Especial)

Activistas revisaron este viernes con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) los avances en la instalación de plantas de tratamiento a la que están obligados casi 700 concesionarios que contaminan en Jalisco.

En septiembre recibieron un plazo de nueve meses para construir y operar las instalaciones, por lo que deberían terminar a más tardar a finales de junio de 2021, detalló Enrique Lira Coronado, de la Unión de Pueblos de la Cuenca Lerma Chapala Santiago Pacífico, Red Ciudadana AC.

Lira Coronado estimó que los registros oficiales incluyen a casi 700 empresas que emiten descargas a la cuenca en Jalisco, pero las no registradas que operan clandestinamente podrían representar otro tanto.

El activista explicó que el color terroso del agua potable en el área metropolitana de Guadalajara (AMG) e incluso malos olores que los habitantes han notado recientemente en ella se deben a que las descargas industriales han contaminado los pozos de los que se obtiene y por ello hay residuos de metales e incluso de materia fecal en el líquido.

“Se van a llenar los hospitales de enfermos si el gobernador no hace que nos llegue a la casa. Porque él hace como 15 días fue a las plantas y dijo que está saliendo buena. El problema es la red de distribución que tiene roturas. Se filtra el agua de drenajes a la red pública y nos está saliendo agua de los drenajes en las casas. Él nos debe garantizar agua en tu casa. Tú pagas por el agua en tu casa, no en la potabilizadora”, exhortó.

Llamó la atención sobre la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ha identificado a diversos poblados en las riberas del río Santiago y del Lago de Chapala para proteger a la población vulnerable que se encuentra en una situación de gravedad y de urgencia en las violaciones a sus derechos a la vida, a la integridad personal y a la salud.

Además, destacó que las autoridades tienen la facultad de negar o revocar el permiso para el uso del agua en caso de que las descargas de las aguas residuales con afectaciones a las fuentes de abastecimiento de agua potable y podrían hacerlo en caso de que las empresas aludidas no hayan construido sus plantas de tratamiento en el plazo señalado.

Para Lira Coronado, las empresas no verían afectados sus intereses económicos con la instalación de las plantas porque representaría una inversión de alrededor de 7 por ciento de sus utilidades. Además, ese gasto tiene subsidio fiscal, por lo que recibirían de vuelta una parte de lo invertido.

La Unión de Pueblos exigido que se realice un informe acerca de la calidad del agua en cada comunidad de los 125 municipios del estado y qué comunidades no tienen el servicio para que las fábricas traten sus aguas y se pueda suministrar a toda la población. Lira Coronado recalcó que el derecho humano al agua primero debe garantizar que esté disponible para las personas y después para las empresas.

EH