Publicado en Pagina 24 Jalisco 

O al menos ser destituido, por desacato

Por violar la suspensión de un juez, el alcalde tapatío podría terminar su trienio antes de tiempo, incluso con responsabilidades penales por desacato; la afectación iría también contra el síndico, y otros funcionarios

Por Rafael Hernández Guízar

La tranquilidad de vecinos de la colonia El Country Club terminó desde hace meses, cuando la constructora inició la obra que pese a la ilegalidad con la que se ejecuta, la obra continúa aunque se otorgó una suspensión a favor de los vecinos/Fotos: Rafael Hernández Guízar

El presidente municipal de Guadalajara y otros funcionarios podrían ser destituidos o ir a la cárcel por el desacato a la orden judicial para que cancelen una obra que se realiza violando los planes parciales.

Se trata de una obra ilegal se construye en la colonia el Country de Guadalajara, una torre de ocho pisos y dos sótanos que viola los planes parciales de Guadalajara al exceder la cantidad de niveles permitidos, pero que además, ha dañado las casas de los vecinos.

La construcción se realiza en sobre la calle Mar Tirreno # 62, donde sólo se permiten viviendas “unifamiliares de dos pisos”; lo anterior ha sido la causa del menoscabo en el patrimonio delos vecinos pues sus casas se han cuarteado, hay filtraciones de agua, se rompieron sus aljibes -y su tranquilidad emocional según dijeron-, también se ha trastocado.

“Mi familia y yo llevamos viviendo aquí en el Country muchísimo tiempo, desde antes de que comenzaran a construirse edificios en la colonia, y de un día para otro, comenzaron a realizar construcciones personas voraces que no les interesa respetar la calidad de vida de los que llevamos viviendo aquí tanto tiempo, es el caso de Mar Tirreno 62 donde nos construyen una torre exactamente a tras de nuestra casa con las molestias que genera el levantamiento de polvo, ruido, desplazamiento de trabajadores todo el tiempo, nos realizaron ya unas afectaciones en las bardas de nuestro predio, tenemos una fuente y se cuarteó, el aljibe está cuarteado también por las vibraciones dela excavación”, denunció muy molesto el señor Roberto Ayala Michel, vecino que promovió el juicio para que se frenara la obra.

La tranquilidad de vecinos de la colonia El Country Club según los testimonios, terminó desde hace meses cuando la constructora inició la obra que pese a la ilegalidad con la que se ejecuta, la obra continúa aunque se otorgó una suspensión a favor de los vecinos que muy molestos denunciaron esta ilegalidad a Página 24.

En el interior de las casas de algunos de los vecinos afectados los daños son severos: en una de ellas, el muro perimetral está a punto de colapsar pues se desprendió causando daños estructurales severos que deberán correr a cargo de los mismos vecinos

En entrevista con este reportero, el vecino se dijo decepcionado del alcalde pues se han negado a acatar una resolución que fue otorgada ante las arbitrariedades que se han cometido en menoscabo a su patrimonio.

Dijo que es indignante que estén gastando en defender sus derechos ante una autoridad que debería de respetarlos; pero los daños van más allá pues además de pagar por abogados y por el proceso mismo, esta familia tiene daños bastante serios dentro de su vivienda, algo que fue incluso constatado por un notario público, y dicha certificación de hechos se entregó al ayuntamiento a cargo de Ismael del Toro Castro pero hicieron caso omiso ante los riesgos que se presumían a la vivienda de quienes llegaron al sitio mucho antes de la obra.

“Hay una fe de hechos en la que se pudo constatar que hay agua brotando del subsuelo, la tenemos como prueba y se hizo del conocimiento de la autoridad y esta autoridad no quiso actuar, ellos están notificados de las medidas que se han tomado, de la suspensión que nos dio el tribunal y la realidad es que no les importa para nada hacer caso a las resoluciones judiciales”.

Al momento tanto el Tribunal de Justicia Administrativa como los Juzgados de Distrito han fallado a favor de los vecinos ordenando una suspensión que en el ayuntamiento ha sido desacatada.

Según los afectados, en la dirección jurídica del ayuntamiento de Guadalajara se ha impedido la clausura de la obra.

La segunda sala unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, emitió una medida cautelar ante el juicio promovido bajo el expediente 237/2020, la cual no ha sido cumplida por el Ayuntamiento de Guadalajara, a pesar de estar notificada desde el 19 de febrero de 2020, donde se ordena la inmediata paralización de la obra. En dicha irregularidad, la clave es la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Guadalajara a cargo de Bárbara Lizette Trigueros Becerra.

Ya hay una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía Anticorrupción derivado del incumplimiento para acatar la suspensión para que se clausure la obra al considerarse como un posible delito de abuso de autoridad/Foto: Archivo Página 24

Recorrimos las casas de algunos de los vecinos afectados y constatamos el nivel de daños.

En una de estas, el muro perimetral está a punto de colapsar pues se desprendió causando daños estructurales severos que deberán correr a cargo de los mismos vecinos para evitar más afectaciones o riesgos de pérdidas de vidas.

Por cierto que ya hay una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía Anticorrupción derivado del incumplimiento para acatar la suspensión para que se clausure la obra al considerarse como un posible delito de abuso de autoridad de acuerdo al artículo 146 del Código Penal para el Estado de Jalisco que señala: “Artículo 146. Comete el delito de abuso de autoridad todo servidor público, sea cual fuere su categoría que incurra en alguno de los casos siguientes: (…) Al que cometa el delito de abuso de autoridad se le impondrán las siguientes sanciones: a) Si el monto del beneficio económico que reporte al responsable por los actos que aquí se señalan, no excede del importe de ciento noventa y seis días de salario, se le impondrán de uno a cinco años de prisión y multa de dos a veinte días de salario; b) Si excede del monto a que se refiere el párrafo anterior, se impondrán de tres a ocho años de prisión y multa hasta por el importe de ciento noventa y seis días de salario; o c) Si la comisión del hecho no reporta beneficio económico, se impondrán al responsable, de uno a cinco años de prisión.”

Lo anterior tiene sustento con el artículo 104 de la ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco que señala: “Artículo 104. La autoridad demandada que no obedezca un auto de suspensión que le hubiere sido debidamente notificado, será sancionada en los términos que el Código Penal del Estado establece para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra”.

Por ello, los vecinos esperan que ante el riesgo en que podrían estar inmersos algunos funcionarios del ayuntamiento, donde cabría incluso podría llegar al mismo alcalde, que se acate la suspensión y por ende, sea clausurada la obra que atenta contra la manera en que el mismo ayuntamiento señaló cómo debe construirse en la ciudad –una ley- (el plan parcial), así como una reparación integral del daño que ha sufrido en su patrimonio y su integridad.