
UN SALTO DE VIDA A.C.·MARTES, 18 DE AGOSTO DE 2020
A finales de 2018 comenzaron algunas obras de desmonte en una parte del cerro Chato en la cabecera municipal de El Salto, a 1 kilómetro de la terminal de almacenamiento de PEMEX y a escasos metros del oleoducto que va al centro de distribución en El Castillo, en un terreno atravesado por las líneas de alta tensión que abastecen a la zona industrial de El Salto. Ante los cuestionamientos iniciales sobre de qué trataba la obra, el ayuntamiento dijo desconocer y procedió a clausurar lo que resultó ser el proyecto inmobiliario El Mirador de la empresa Casas Bali que contaba con una licencia vencida, emitida en junio de 2010. Los motivos de la clausura fueron, además de no contar con la licencia actualizada, la perforación de un pozo profundo sin acreditar el permiso de CONAGUA y por el derribo de, hasta ese momento, 500 árboles de especies maderables como el mezquite y guamúchiles, así como no contar con una licencia vigente. En el mes de febrero de 2019 se reanudaron las obras ya con una actualización de la licencia, pero sin haber revisado las irregularidades. El proyecto consiste en 5,965 viviendas, lo que podría traducirse en, por lo menos, 25 mil nuevos habitantes.
Ante los cuestionamientos que realizamos integrantes de la Agrupación Un Salto de Vida, señalaron funcionarios de las direcciones de Obras Públicas e Inspección y Reglamentos que el proyecto contaba con sus licencias en regla. Sin embargo, a través de transparencia nos percatamos de las graves irregularidades del proyecto y realizamos una denuncia en la Contraloría Municipal con número de expediente CIA/062/2019, por el ejercicio indebido de funciones al emitir una actualización de una licencia que fue otorgada de manera indebida y sin corregir las deficiencias del proceso administrativo. A pesar de haber corroborado las irregularidades con información de los mismos funcionarios municipales, el Órgano Interno de Control no ha resuelto nada con la investigación a casi un año de haber iniciado. A la empresa se le ha permitido vender viviendas sin contar con lo esencial para obtener un dictamen favorable de habitabilidad, lo que pone en riesgo a los nuevos habitantes.
Ante el impacto y la violación sistemática de nuestros derechos, encontrándonos ya en una condición de grave vulnerabilidad ambiental, es que recurrimos a presentar el amparo ante los tribunales federales a finales de febrero de este año, reclamando, en caso de concretarse la obra y con la llegada de esa cantidad de pobladores 1) la profundización de la crisis hídrica, 2) la carencia de servicios como son el transporte, salud, seguridad, educación; 3) la pérdida de áreas de cultivo y forestales; así como 4) las descargas sin tratamiento que terminan en el río Santiago, pues no se presenta proyecto alguno para tratamiento de aguas residuales.
Los amparos fueron admitidos con los números 411/2020 y 412/2020, ambos en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo. En los amparos demandamos como responsables, principalmente al Ayuntamiento de El Salto, a la CONAGUA y al INFONAVIT, además de a otras nueve autoridades de los tres niveles. Aunque el juicio fue interrumpido por el cierre de los juzgados con motivo de la pandemia e inicialmente se nos negó el interés legítimo por no acreditar la afectación a criterio del juez, a pesar de ser muy evidente por las pruebas que presentamos, sin embargo, a través de las quejas interpuestas por la negativa, un tribunal colegiado ha reconocido dicho interés ante las posibles violaciones a nuestros derechos como habitantes originarios de El Salto, quienes nos reconocemos como una comunidad equiparable a la originaria por las raíces y relaciones históricas que derivan de la comunidad indígena coca de Juanacatlán, y como tal pedimos seamos considerados ante la justicia.Si observamos las condiciones en que se encuentran los actuales fraccionamientos de El Salto, es impensable continuar con ese crecimiento desmedido y descontrolado como bien se representa con los casos de La Azucena, Cima Serena, Parques del Triunfo o Las Lilas, este último de la misma empresa oriunda de Lagos de Moreno perteneciente a la familia Barajas Lima (lo mismo que el fraccionamiento de El Faro en el municipio vecino de Juanacatlán), que han incumplido los compromisos con sus clientes, quienes han manifestado su descontento por la falta de agua, de seguridad y por no haber sido advertidos de las graves condiciones ambientales, de salud y de violencia que se vive en nuestro municipio. Las empresas inmobiliarias se han enriquecido haciendo del derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa un negocio sin escrúpulos, despojando de sus sueños a muchas familias que buscan un lugar para generar un patrimonio en condiciones dignas, todo lo contrario, a lo que ofrecen estas empresas como Casas Bali o Grupo San Carlos.
Hacemos una exigencia a las autoridades responsables a clausurar definitivamente el proyecto en lugar de seguir defendiendo en los tribunales los negocios particulares que atentan contra nuestros pueblos y nuestro devastado territorio, con claras muestras de desvío de poder. Hemos decidido enfrentar los megaproyectos en la cuenca como pueblos organizados y no claudicaremos en esta lucha sin importar el color o nivel de gobierno.
Atentamente
El Salto, Jalisco a 18 de Agosto de 2020Agrupación Un Salto de Vida
Contacto: 3319031613 y 3315874397
E-mail: unsaltodevida05@gmail.com
Facebook: Un Salto de Vida A.C.
Twitter: @unsaltodevidaac¡Clausura inmediata y definitiva de El Mirador!
¡Tierra, Agua y Aire Limpio para Nuestros Pueblos!
