Desde el 1 de enero de 2019 cerró sus puertas el Club Puerta de Hierro. Foto:

Lorena PadillaJonathan Compton/MuralGuadalajara, México (06 agosto 2020).- Un «golazo» le metieron al Gobierno de Zapopan.

Desde la construcción del Fraccionamiento Puerta de Hierro, los desarrolladores presuntamente violaron normas urbanísticas y falsearon la entrega de áreas de cesión, acusan vecinos.

En la década de los 90, cuando los colonos adquirieron los bienes inmuebles, les hicieron creer que la zona del club era propiedad común y que se había escriturado a favor del Ayuntamiento.

El 1 de enero de 2019 cerraron las puertas de las instalaciones recreativas, al indicarse la propiedad de la Constructora Las Margaritas SA de CV.

Según documentos en poder de MURAL, el 15 de julio de 1987, el entonces Alcalde Juan José Bañuelos Guardado firmó el aval de urbanización de Puerta de Hierro, a solicitud de Raymundo Gómez Flores, representante de los dueños.

En los oficios se señala que los promotores debían entregar casi 17 hectáreas a la comuna.
No obstante, la administración municipal aceptó como compensación por el proyecto lo que eran superficies de protección de arroyos, cauces y escurrimientos naturales, cuyo dominio y jurisdicción es federal, conforme a Ley de Agua Nacionales.

También se admitió un pago en especie por 500 millones de viejos pesos (500 mil pesos) para la realización de obras de agua potable, en colonias precarias a elección del Ayuntamiento.

De acuerdo con la Ley de Fraccionamientos del Estado aplicable y el Código Urbano de Jalisco, todo desarrollo inmobiliario está obligado a ceder el 15 por ciento de su superficie para beneficio público.

La legislación establece, expresamente, que dichas áreas deben resultar útiles y ser destinadas para parques, mercados, puestos de policía o servicios públicos.

«Fue una simulación, pues se autorizó de forma completamente ilegal en perjuicio de todos los habitantes de Puerta de Hierro, situación que se mantuvo oculta por muchos años (…) esas áreas no pueden ser consideradas de cesión», expuso Lucía Sánchez Martínez, abogada de los afectados.

«No pertenecían a los desarrolladores, son propiedad inalienable e imprescriptible de la nación y si fuera el caso, tampoco son útiles ni cumplen con su objetivo, atentando claramente contra todas las disposiciones urbanas», añadió la litigante.

Los habitantes han mantenido una batalla legal contra el presunto despojo con más de 20 juicios y actualmente cuentan con suspensiones que impiden cualquier alteración en la zona y la actual administración zapopana no ha expedido las licencias.

Se buscó la versión de la constructora, pero declinaron a dar declaraciones sobre el caso.